El avance del fuego en la Patagonia expuso límites estructurales en la política ambiental del Gobierno. En medio de focos activos que ya arrasaron miles de hectáreas, distintas resoluciones adoptadas por la gestión de Javier Milei redujeron la capacidad de prevención y respuesta ante los incendios forestales.
Uno de los puntos más cuestionados fue el desfinanciamiento de la Administración de Parques Nacionales, organismo clave para la protección y el control de áreas naturales. En 2025, el presupuesto sufrió una caída real del 68,9% frente a 2023, mientras que para 2026 el incremento dispuesto —apenas del 0,08%— no logró revertir el ajuste y consolidó una nueva baja del 28,5%. El crédito total asignado quedó en 111.459 millones de pesos.
A ese escenario se sumó la designación de autoridades sin trayectoria en conservación ambiental. El Gobierno colocó al frente del sistema de 39 parques nacionales a Sergio Martín Álvarez, un arquitecto que provenía de la gestión ferroviaria estatal y sin antecedentes en manejo de recursos naturales. El funcionario asumió el cargo ad honorem y no objetó los recortes de fondos. Antes que él, la conducción había estado en manos de Cristian Larsen, especializado en derecho tributario y también ajeno al área ambiental.
Fondos disueltos y denuncias por negligencia
Otra decisión que debilitó el combate contra el fuego fue la disolución del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, cuyos recursos quedaron bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. La medida dejó sin financiamiento específico al plan encargado de coordinar brigadas y equipamiento a nivel nacional.
Tras los primeros focos detectados en diciembre, cámaras empresarias de la región patagónica denunciaron negligencia por parte de las autoridades y reclamaron cambios en la conducción. En Chubut, la superficie afectada alcanzó las 35 mil hectáreas.
En ese contexto, el Parque Nacional Los Alerces quedó intervenido el 24 de enero, luego de semanas de incendios que comenzaron entre el 6 y el 8 de diciembre y que fueron advertidos oficialmente recién días después. Vecinos de la zona avanzaron con denuncias penales y cuestionaron el despliegue de apenas 30 brigadistas, además de la exclusión de personal especializado que estaba disponible.
Un plan clave que quedó inconcluso
El Gobierno también dio de baja el proyecto de Comando Unificado Patagónico, una iniciativa interprovincial que integraba a Río Negro, Neuquén y Chubut para la detección temprana y el control de incendios forestales. El programa incluía cámaras desarrolladas por INVAP, un avión con tecnología infrarroja, drones, camiones cisterna y maquinaria vial.
La propuesta estaba avanzada en un 80% y había comenzado durante la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, la interrupción del financiamiento nacional obligó a las provincias a intentar sostenerlo con recursos propios, sin lograr completar el esquema original.
Negacionismo climático y falta de prevención
La tercera decisión señalada como determinante tuvo un componente ideológico. El desconocimiento del cambio climático impactó directamente en las políticas de prevención. Informes del INTA advierten que en las últimas décadas las precipitaciones en las altas cumbres patagónicas cayeron entre un 30% y un 40%, con un déficit hídrico que ya se extiende por 15 años.
La sequía no solo afectó represas y cursos de agua, sino que volvió altamente inflamable al sotobosque, facilitando la propagación del fuego frente a fenómenos naturales o incendios intencionales. En ese marco, la ausencia de una estrategia integral dejó a la región más expuesta frente a una emergencia ambiental que sigue activa.
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