La difusión del último informe de la Corte Suprema sobre femicidios reabrió la discusión pública sobre la evolución de este tipo de violencia en la Argentina. Aunque las estadísticas muestran una reducción en los casos durante 2025, desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) pusieron el foco en la necesidad de no interpretar esos números como un cambio estructural.
En ese marco, Mariela Labozzetta, titular del organismo del Ministerio Público Fiscal, cuestionó las lecturas apresuradas sobre una supuesta baja consolidada. En declaraciones radiales, buscó despejar interpretaciones políticas en torno a los datos oficiales y remarcó la estabilidad del fenómeno en el tiempo.
“Todavía no podemos decir que hay una tendencia a la baja de femicidios”, dijo este lunes Labozzetta en diálogo con Gelatina, donde explicó que “el fenómeno del femicidio tiene mucha estabilidad en el tiempo” y que “si bien vemos que los homicidios bajan a nivel mundial, los femicidios se mantienen estables”.
La especialista también advirtió sobre la dificultad de construir conclusiones firmes a partir de variaciones de un año a otro. En ese sentido, planteó que el análisis requiere mayor profundidad estadística y contexto histórico.
“Comparativamente, los casos contados por nosotros en función de los indicadores de género y el número de casos que la Justicia califica de femicidios todavía es muy bajo”, señaló la especialista, y planteó en ese sentido: “Si vamos a evidenciar una baja, hay que poder reconstruir para ver qué fue lo que impactó”.
Desde su mirada, las políticas de prevención ocupan un rol central en la evolución del problema, especialmente aquellas sostenidas en el tiempo y no medidas de impacto inmediato. En esa línea, insistió en que el abordaje de la violencia de género requiere estrategias específicas.
Según Labozzetta, “las políticas que impactan en la baja de femicidios” son las “políticas a largo plazo”, las preventivas. “Las mujeres son asesinadas más bien dentro de sus hogares y por parte de su entorno conocido”, por lo que es necesario “visibilizar” esta problemática, insistió.
Los datos del informe oficial
El relevamiento de la Corte Suprema indicó que en 2025 se registraron 200 femicidios, frente a 228 en 2024 y 250 en 2023. La UFEM advirtió que esas variaciones deben leerse con cautela, ya que los cambios interanuales no alcanzan para confirmar una tendencia sostenida.
En un análisis más detallado, Labozzetta señaló que algunas jurisdicciones explican buena parte de la baja general. Entre ellas mencionó a Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Salta y Santiago del Estero, todas con reducciones en el número de casos.
También destacó situaciones particulares: Corrientes, La Pampa y San Juan no registraron femicidios durante 2025, mientras que Tierra del Fuego pasó de ser la única provincia sin casos en 2024 a contabilizar uno en el último año.
En el otro extremo, el informe ubicó a Chaco, Misiones y Neuquén entre las jurisdicciones con tasas más altas cada 100.000 habitantes.
Un fenómeno concentrado en el ámbito privado
El documento oficial también aportó datos sobre el contexto en el que ocurren los hechos. Según la estadística, el 83% de las víctimas conocía a su agresor, mientras que en el 70% de los casos existía un vínculo de pareja, expareja o familiar.
A su vez, el 78% de los femicidios ocurrió dentro de viviendas y en el 44% de los expedientes se registraron antecedentes de violencia previa.
Con ese panorama, Labozzetta subrayó que las estrategias de prevención no pueden replicar modelos generales de seguridad. Para la funcionaria, se trata de un tipo de delito que exige abordajes específicos y políticas sostenidas.
“Es decir: mayoritariamente las mujeres son asesinadas en sus casas y por alguien de su entorno más íntimo que ya las había agredido antes. Esto implica que la política pública de prevención no puede ser igual a la de otro tipo de fenómenos delictivos, en los cuales la presencia policial en calle puede ser disuasiva”, advirtió Labozzetta.
También remarcó que las respuestas estatales deben adaptarse a las particularidades de cada territorio y evitar enfoques uniformes.
“Tampoco es idéntico el comportamiento de este fenómeno criminal en las distintas jurisdicciones y territorios del país. Se requieren políticas públicas específicas y situadas para estas violencias. Por eso es relevante la información criminal, para poder actuar diferencialmente frente a fenómenos criminales diferentes”, agregó.
En el cierre de su análisis, la titular de la UFEM insistió en que las variaciones estadísticas deben interpretarse dentro de procesos más largos. Además, vinculó la evolución del fenómeno a la continuidad o el retroceso de las políticas públicas de prevención.
“Las políticas públicas para prevenir la violencia de género y la agenda comunicacional sostenida en esta temática son elementos que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar las variaciones del fenómeno femicida. Al ser un fenómeno criminal tan profundamente arraigado en la sociedad, su variación sustancial producto de las intervenciones estatales puede tardar en verse reflejada en una baja sostenida. Por el contrario, la suspensión o deterioro en estas políticas puede ser un retroceso en la eliminación de esta violencia discriminatoria contra las mujeres».