FATE, Aluar y el futuro de los trabajadores

Gonzalo Sanz Cerbino[1]

El cierre de la empresa productora de neumáticos FATE, tras casi 90 años de actividad, nos dice mucho sobre el pasado, el presente y el futuro de la industria en la Argentina y de sus trabajadores. La decisión del cerrar sus puertas y dejar en la calle a 920 trabajadores fue justificada por la empresa aduciendo la imposibilidad de sostener su actividad ante el plan económico implementado por el gobierno. Se hizo referencia, en particular, a la imposibilidad de competir con la producción importada, sobre todo de China.

Que aquí se encuentra parte del problema es evidente apenas uno analiza algunas estadísticas. El último informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), de diciembre, arrojó un saldo global positivo traccionado por la agricultura y la intermediación financiera. Sin embargo, la actividad industrial cayó, en términos interanuales, un 3,9%. Según los registros de la Superintendencia de Riegos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 la cantidad de empresas registradas en Argentina se redujo un 4,3%, unos 21.980 establecimientos menos. Eso implica la pérdida de 290.000 puestos de trabajo registrados.

FATE puede ser el caso más resonante, pero no es la primera ni será la última industria que cierre a causa del plan económico libertario. La conjunción de un dólar artificialmente bajo y una apertura importadora avanza liquidando la industria. El gobierno aduce que los industriales perjudicados son los “empresaurios” que han sobrevivido en un mercado interno protegido por la intervención estatal. Una protección que todos pagamos, como consumidores, por los elevados precios de los bienes locales frente a sus pares importados. También aquí encontramos parte del problema. Es evidente que buena parte del entramado industrial ha llegado hasta aquí gracias a la protección arancelaria y cambiaria. Lo vemos en el caso de los neumáticos, que han llegado a costar tres veces más que los importados de China, o en el del acero, como puso de relieve el conflicto del gobierno con Techint cuando esta empresa perdió la licitación por la compra de tubos para el gasoducto de Vaca Muerte frente a la india Welspun.

Pero la relevancia del apoyo estatal para la consolidación de los Capitanes de la Industria aparece de manera mucho más gráfica en la otra empresa del grupo controlante de FATE, los Madanes. Nos referimos a Aluar, hoy también en la picota por razones diferentes a las de FATE. Aluar es una de las principales productoras de aluminio en Sudamérica. Abastece casi por completo al mercado local y exporta el 70% de su producción, centralmente a Japón y Estados Unidos. Ello convierte a su dueño, Javier Madanes Quintanilla, en una de las personas más ricas de la Argentina.

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Pero Aluar no sería lo que es sin el apoyo y la tutela estatal. Los Madanes constituyeron la empresa en 1971, tras ganar una licitación muy cuestionada durante la dictadura de Lanusse. Esa licitación implicaba una inversión estatal de gran magnitud sin la que Aluar nunca hubiera funcionado: la construcción, con fondos públicos, de una represa hidroeléctrica (Futaleufú) para abastecer de electricidad a la planta, que es el principal insumo para la producción de aluminio; y de un puerto de aguas profundas, necesario para importar la bauxita (principal materia prima) y exportar la producción. Aluar también pudo comprar las tierras donde se emplazó la planta a la provincia de Chubut a precio regalado y obtuvo un contrato para la provisión de energía eléctrica a precio subsidiado por 20 años. Y esto fue solo el comienzo. A lo largo de su historia, Aluar recibió distintos beneficios estatales que le permitieron sobrevivir hasta hoy: protección aduanera, tarifas diferenciales para la electricidad, reintegro a las exportaciones, apoyo estatal a las inversiones que le permitieron aumentar su capacidad productiva, entre otras.

Hoy todo eso está en duda con el programa económico libertario, de ahí las críticas de Madanes, Rocca y otros grandes industriales al rumbo seguido por Milei. En el caso de Aluar, al tipo de cambio bajo y la recesión en el mercado interno, se suman otras medidas que ponen en duda su capacidad de seguir operando. Pocos días después del cierre de FATE, el gobierno decidió retirar un arancel del 28% a la importación de hojas laminadas de aluminio que regía desde 2020 a raíz de una denuncia antidumping interpuesta por Aluar frente a las importaciones chinas. Por otro lado, el acero y el aluminio quedaron excluidos de acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos, con lo que se mantienen los aranceles que afectan las exportaciones de Aluar a esa plaza. Es decir que, mientras Milei liberaliza las importaciones de estos productos en la Argentina, avala que los Estados Unidos nos pongan aranceles para proteger su producción. La industria, en la Argentina de Milei, se encuentra en el peor de los mundos posibles.

Pero los que van a perder aquí no son los empresarios, sino los trabajadores. El cierre de FATE, en la fortuna de Madanes, es anecdótico. Salvará lo que pueda salvar, se llevará el resto y lo pondrá en otra actividad. Pero para los trabajadores que se quedan sin trabajo, la vida se derrumba. Difícilmente consigan un empleo formal en las mismas condiciones que tenían, porque en la Argentina de Milei aumentan los empleos precarios. La «salida Uber» tiene serios límites por la saturación del mercado: son los «parripollos» y las «remiserías» de los 90. Los libertarios alientan actividades productivas que no son capaces de sostener al conjunto de la población del país. El agro, la minería y el petróleo son actividades que generan poco empleo, que no alcanza para reemplazar todo lo que se está perdiendo. A la Argentina de Mileile sobran 20 millones de personas.

Pero no tenemos por qué limitarnos a elegir una de las dos alternativas económicas que nos trajeron hasta aquí. Hay opciones más allá de la apertura liberal que cierra fábricas y reduce las fuentes de empleo, o los subsidios a millonarios que no llegan a independizarse nunca de la asistencia estatal. El Estado puede asumir un rol distinto al que hasta ahora ha tenido, interviniendo directamente en la producción, planificando la economía, ganando competitividad en ramas estratégicas. Podemos tener una industria que se modernice, que alcance competitividad y escala, que exporte, gane mercados y deje de ser una carga para el conjunto de la sociedad. Quizás sea hora de reclamarle a los Madanes y los Roccatodo lo que invertimos en sus empresas, que los trabajadores dejemos de ser socios solo en las pérdidas y asumamos el control de la producción, para que bajo otras manos la Argentina tenga un futuro diferente.

[1]Investigador de CONICET, militante de Vía Socialista, autor del libro Los golpistas. Las disputas interburguesas y el ascenso de los «capitanes de la industria» (1955-1983).

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