Fabricaciones Militares: trabajadores advierten que sumar inversores privados podría complicar su situación

Fabricaciones Militares es una empresa estatal con más de ocho décadas de experiencia y cuyo objetivo, describe en su sitio web oficial, es el de “impulsar la autonomía productiva nacional en materia de defensa e industria estratégica”. En estos 80 años, “sus fábricas se han especializado en municiones, explosivos, productos químicos, fertilizantes y metalmecánica, consolidándose como un actor clave del entramado industrial argentino”. Este esquema podría cambiar a partir de ahora, porque el Gobierno lanzó un concurso nacional e internacional para conseguir socios estratégicos nacionales o internacionales: en definitiva, inversores que se hagan cargo de ciertos proyectos poniendo una parte del dinero. Si bien no habrá venta de activos o privatización accionaria, trabajadores consultados por Deuda Prometida advirtieron que la empresa privada tendrá una participación de al menos el 51% y el Estado del 49%, con lo que decisiones importantes quedarán en otras manos.

Sobre el concurso de empresas para potenciar la capacidad de fabricación que aduce el Gobierno, afirmaron desde ATE este medio, “son convenios asociativos inclinados a que las empresas privadas puedan utilizar las capacidades y mano de obra local para uso comercial e internacional”. La concesión tiene un mínimo de duración de diez años y puede durar hasta treinta, con lo cual no es un asunto menor.

“En las fuerzas del Ejército también hay malestar porque la licitación no las contempla como parte del directorio: de hecho, el directorio estaría compuesto por tres cargos de origen privado y dos de origen público”, explicaron las fuentes, que pidieron mantener el anonimato por temor a represalias. Esto significa que en el plano operativo las decisiones que se tomen en la empresa tendrán una participación mayoritaria del sector privado.

“En el sector gremial también hay incertidumbre, los trabajadores no tienen información”, agregó. Al ser una empresa estatal su convenio colectivo está dentro de la órbita de la administración pública nacional. “Tememos que los trabajadores sean incluidos en nuevo convenio que pueda perjudicar sus derechos, ya que además no contempla en ningún ítem la participación gremial o de veeduría”.

Los trabajadores denuncian que la situación de la empresa fue empeorando en los últimos años para propiciar la necesidad de la llegada de capitales extranjeros, y que la compañía dejó de presentarse en licitaciones clave. “La dejaron en esta situación de crisis intencionalmente. Antes de la llegada de este Gobierno teníamos convenios internacionales con Bolivia y Perú para la producción de explosivos, teníamos servicios mineros para la provincia de San Juan y se proveía de chalecos y municiones a diferentes provincias”. Hoy todo eso, advierten, “fue desmantelado”. En ese marco, aseguran, “el inversor privado ingresa como salvador y en realidad nos entregan en bandeja con complicidad de Ejército y el ministro de Defensa”.

En este sentido, los empleados insisten en que no se oponen a una mejora en la capacidad de producción y a una modernización, pero sí a la posibilidad de que esto implique una pérdida de la capacidad estatal de decidir y de empleos.

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Lo que dice la licitación

El documento al que accedió este medio explica que la contratación se hará a través de una unión transitoria de empresas. Para eso, los oferentes deben presentar los siguientes documentos:

-El plan de inversiones comprometido expresado en dólares estadounidenses “para llevar adelante la puesta en valor de la/las Unidad/es de Negocios involucradas y el equipamiento, indicando detalladamente montos previstos, plan y cronograma de ejecución de las actividades, fuentes de financiamiento y condiciones para el repago o amortización de las mismas”.

-La valuación económica detallada de cada una de las actividades propuestas.

-La proyección financiera de egresos e ingresos (PFIE) para todo el periodo de vigencia del contrato de UT que hubiese ofertado, “como así también la Tasa Interna de Retorno (TIR) prevista”.

-El porcentaje de participación que FABRICACIONES MILITARES S.A.U. tendrá en la unión transitoria durante la vigencia del contrato (como se dijo: la participación del oferente no deberá ser inferior al 51%).

Los trabajadores insisten en que este porcentaje mencionado le dará mayor poder decisión a los privados, con lo que tanto la continuidad de su trabajo y las condiciones en las que lo realizan podrían estar comprometidas.