Duro cuestionamiento de la AGN al endeudamiento de Caputo: «No fue eficiente»

La Auditoría General de la Nación descubrió que el mega endeudamiento que realizó el gobierno de Mauricio Macri por bonos en dólares bajo legislación extranjera tuvo el mismo volumen que el préstamo récord con el Fondo Monetario Internacional. El entonces ministro de Economía coincide con el actual de Javier Milei, Luis Caputo, quien no estableció destinos claros para los que aumentó el pasivo de Argentina, denuncia el organismo autárquico.

La Comisión de Supervisión de la Deuda Pública, que preside el auditor Francisco Javier Fernández, ralizó un informe sobre la importancia del riesgo jurídico en la emisión de títulos públicos con prórroga de jurisdicción a tribunales extranjeros. Su objetivo fue evaluar la gestión de las colocaciones de bonos en el mercado de Nueva York durante el período 2016-2018.

En la presentación que realizó durante la sesión del Colegio de Auditores Generales, participaron el presidente de la AGN Juan Manuel Olmos, y los auditores generales Fernández, María Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva. El informe fue aprobado por unanimidad.

Durante el período auditado, Argentina colocó un total de 18 nuevos bonos bajo ley extranjera. Esta emisión equivalió al 64% del total de títulos de deuda externa de la república. Por su magnitud, el impacto fue similar al del préstamo del FMI tomado en el año 2018. Tan sólo en 2016, el Gobierno se endeudó por USD 22.000 millones en el mercado neoyorquino. De ese total, USD 9.300 millones se destinaron a cancelar el juicio de los fondos buitre, que obtuvieron el fallo favorable de Thomas Griesa.

La emisión de bonos en mercados internacionales implicó el diseño de un marco legal más sofisticado que las emisiones en el mercado local bajo legislación interna debido a la inclusión de cláusulas más riesgosas para la Argentina, como la pari passu dada la jurisprudencia de los tribunales de Nueva York.

Entre los principales hallazgos, se encontró que las leyes de presupuesto de los años auditados no discriminaron el tipo de deuda (interna o externa) a colocar, dejando en la decisión del Poder Ejecutivo la resolución e incumpliendo lo establecido por el art 60 de la Ley de Administración Financiera. «Tampoco se establecieron objetivos claros de emisión de deuda pública conforme estándares internacionales», revela el informe.

Por otra parte, se observó que los expedientes no contienen informes previos en los cuales se justifiquen las operaciones. La Secretaría de Finanzas, a cargo de la dirección y supervisión del sistema de crédito público, no impulsó los procesos desde el inicio ni fundamentó o instruyó formalmente a las áreas dependientes a realizar las operaciones en el marco del programa financiero.

El proceso no fue regulado mediante procedimientos ni manuales aprobados formalmente. Considerando esto, el único marco aplicable son las normas que aprueban la competencia y funciones de cada área dentro de la cartera. En ésta línea, el proceso no contó con todas las intervenciones de las áreas con funciones críticas.

En cuanto a la selección de las entidades financieras intervinientes, no se analizaron los parámetros de riesgo, solvencia, fiducia ni capacidad de cumplir con los compromisos que pudieran surgir de la oferta. Esto implica que fueron seleccionados de forma arbitraria. Los principales colocadores de títulos emitidos en el período auditado fueron el Citigroup, el Deutsche Bank, HSBC Santander y Credit Suisse.

Por último, la auditoría encontró que no se realizó análisis de vulnerabilidad de la deuda ni se evidenció un plan de endeudamiento anual conforme a estándares internacionales. En este se tendrían que haber evaluado los términos y condiciones de endeudamiento externo más beneficiosos o rentables que se pueden obtener de los posibles acreedores y mercados.

En base a éstos hallazgos, concluyeron que Argentina se endeudó a niveles de riesgo jurídico más elevados en comparación con la salida al mercado local o jurisdicciones alternativas dado que, en escenarios de eventos de default, el riesgo jurídico se incrementa ante la posibilidad de litigios en jurisdicción extranjera (en este caso, Nueva York), pudiendo generar nuevos pasivos contingentes para el país.

Por todo esto, la AGN entendió que el proceso y las decisiones tomadas en el período auditado «no fueron eficientes para la gestión de la deuda pública de la República Argentina». A pesar de haber sido informado sobre los hallazgos de esta auditoría, el Ministerio de Economía no ha realizado modificaciones.

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Ezequiel Orlando

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