La Secretaría de Inteligencia de Estado, reactivada por Javier Milei a través de un decreto presidencial, volvió al centro de la polémica tras revelarse un presunto esquema de espionaje político. Un informe filtrado muestra que el organismo habría monitoreado la actividad de dirigentes opositores, gremios, agrupaciones de jubilados y hasta personas con discapacidad.
La denuncia ya generó repercusiones en el Congreso. El senador Martín Lousteau, que preside la Comisión Bicameral de Inteligencia, confirmó que convocará a ese espacio para abordar el escándalo. Desde Unión por la Patria preparan una presentación judicial.
El documento en cuestión, titulado Hechos Previstos 09JUL25, detalla el relevamiento de protestas sindicales, actos callejeros y encuentros políticos registrados en una sola jornada. Entre los eventos seguidos por la SIDE figuran reuniones de Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y Facundo Manes, además de actividades de la CGT, la CTA, el PJ bonaerense y otras expresiones gremiales.
¿Quién controla a los que espían?
Desde la reactivación del organismo, la SIDE quedó dividida en distintas áreas, y el informe habría sido producido por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una dependencia que intenta emular a la NSA estadounidense. Su titular es el comisario retirado Alejandro Cecati, un viejo conocido del PRO que fue jefe de custodia de Mauricio Macri y Gabriela Michetti. En 2021, Macri incluso pidió que declarara a su favor en la causa por espionaje a familiares del ARA San Juan.
La filtración puso nuevamente a Cecati en el ojo de la tormenta. También quedaron en la mira Sergio Neiffert, director de la SIDE y hombre de extrema confianza de Santiago Caputo, y Diego Kravetz, jefe de Operaciones. Ambos aparecen vinculados a decisiones que habilitarían el seguimiento de dirigentes políticos, periodistas, sindicatos e incluso ciudadanos que cuestionan el rumbo económico del Gobierno.
Desde el oficialismo no hubo pronunciamiento formal, pero entre los opositores la respuesta fue inmediata. “No, es simplemente una violación a la Ley de Inteligencia”, sentenció la exinterventora de la AFI, Cristina Caamaño, al ser consultada sobre la legalidad de estas prácticas.
Agustín Rossi, quien también estuvo al frente de la AFI, fue más allá: “Seguir la actividad política de los opositores no es inteligencia estratégica sino que nos lleva a los peores momentos del aparato de inteligencia”.
“Vamos a denunciar estas prácticas y a sus responsables”
Desde Unión por la Patria consideran que se trata de una avanzada autoritaria del Gobierno. Leopoldo Moreau fue tajante en sus declaraciones: “Los argentinos estamos hartos de los insultos de Milei, de la represión que lleva adelante la mercenaria de la violencia Patricia Bullrich y del espionaje y la persecución política. No vamos a naturalizar que esto siga ocurriendo. Vamos a investigar y denunciar estas prácticas y a sus responsables. No vamos a dejar que eliminen a la democracia y al Estado de Derecho para imponer una política económica de miseria y de entrega del patrimonio nacional”.
No es la primera vez que se conocen indicios de estas maniobras. A fines de mayo, trascendió una directiva firmada por Kravetz que ordenaba monitorear a sectores vulnerables. Según diversas fuentes, los operativos que lleva adelante el Ministerio de Seguridad contarían con colaboración directa de la SIDE.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) ya había denunciado esta situación en Comodoro Py. Actualmente, la causa está delegada en la fiscalía de Guillermo Marijuan.
Represión, control social y una SIDE envalentonada
Desde la ASN se amparan en la figura del “atentado contra el orden constitucional” para justificar el espionaje en contextos de protesta. El Gobierno, de hecho, utilizó esa narrativa para criminalizar la movilización contra la Ley Bases del 12 de junio del año pasado.
Patricia Bullrich incluso presentó una denuncia por sedición tras una marcha en la que fue gravemente herido el fotógrafo Pablo Grillo. El fiscal Franco Picardi aún espera que le acerquen pruebas que respalden esa acusación.
Para Myriam Bregman, el escenario no deja dudas: “Es una práctica habitual que gobiernos que se encuentran en crisis, con internas y con una oposición social creciente se recuesten sobre el espionaje político queriendo anticipar las jugadas, viendo conspiraciones por todos lados. Esto creo que es lo que está pasando con Milei. Eso no le quita gravedad, sino que le suma”.
La presidenta del Ceprodh también hizo referencia a otro hecho que impactó en los últimos días: la aparición de un video en el que se ve al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciéndole sus servicios de lobby al estadounidense Timothy Ballard. “El Presidente debe aclarar en forma urgente qué están haciendo sus servicios de inteligencia. El Poder Judicial está batiendo récords de complicidad; por eso, cada vez más hay que reforzar la organización y la movilización social”, concluyó Bregman.
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