El Gobierno nacional avanzó con el cierre definitivo del Instituto Nacional Contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI). Lo hizo mediante la publicación en el Boletín Oficial de un decreto que dispuso su extinción como organismo. Sus funciones serán reabsorbidas por áreas del Ministerio de Justicia.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó la medida en su cuenta de «X». «Faltaba su muerte administrativa: mañana el INADI habrá dejado de existir para siempre. Fin», escribió. La medida era una de las promesas de campaña de Javier Milei.
Durante este tiempo, el INADI sufrió un fuerte vaciamiento. El Gobierno explicó en su momento: «Las funciones que cumplía el INADI se llevarán a cabo a través del Ministerio de Justicia que cuenta con personal preparado para realizar eficazmente la tarea. El personal idóneo que trabaja en el INADI y que realiza con responsabilidad y compromiso su trabajo, será transferido al Ministerio donde trabajarán con orden, seriedad e idoneidad».
A través del Decreto 696/2024, explican que «la nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; todos sus habitantes son iguales ante la ley y gozan de protección contra toda forma de discriminación». También remarcan que la Constitución Nacional promueve «medidas de acción positiva con el fin de garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato, como así también el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente».
Sobre el funcionamiento del Instituto, el documento detalló que «el estado de ineficiencia e incumplimiento de sus finalidades y acciones evidencian que el diseño organizacional adoptado no resulta idóneo para alcanzar los objetivos constitucionales en la materia».
El Decreto también argumentó «que el Instituto no cuenta con registros fidedignos ni de sus actividades ni de ninguno de los pagos de haberes efectuados previo a diciembre de 2023». También aseguraron que «la gestión de los contratos de locación de inmuebles, así como el pago de los distintos servicios y gastos operativos, ha sido tardía e ineficiente y su incumplimiento importa para el ESTADO NACIONAL la asunción del pago de intereses periódicos en perjuicio del Tesoro Nacional».
El documento lleva la firma de Milei, Francos y Cúneo Libarona. De esta forma, se oficializa que las funciones y recursos del instituto sean transferidos a la cartera del Ministerio de Justicia.
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