Javier Milei presentó una nueva defensa en la causa iniciada por la familia de Ian Moche, el niño de 12 años con autismo al que descalificó en la red social X. El Presidente volvió a afirmar que lo publicado en su cuenta no debe interpretarse como una acción oficial y que, por lo tanto, no corresponde vincularlo a su rol institucional.
A través de sus abogados, sostuvo que la denuncia es “improcedente, confusa y carente de sustento jurídico” y que “no se le puede formular reproche alguno” en el plano personal. Para respaldar su postura, insistió en que la cuenta @JMilei no pertenece al Poder Ejecutivo Nacional y que “el reposteo fue realizado desde mi cuenta personal (…) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido, y respecto de cuestiones de interés público en el contexto del debate público”.
El mandatario negó que su publicación fuera una agresión contra el honor o la integridad del chico, que un retuit equivalga a ratificar agravios o que la publicación haya causado “un daño irreparable, grave, inminente”. También rechazó que el caso pueda considerarse una urgencia que habilite un amparo o que haya incumplido deberes institucionales.
Además, Milei argumentó que el posteo no tuvo como destinatarios a Ian y su familia, sino que fue “una opinión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido” que, a su entender, “goza de la máxima tutela constitucional que pueda darse a una (libertad de) expresión”.
En ese sentido, subrayó que el contenido está amparado por el derecho a la libertad de expresión: “El tweet por el que se me denunció no es un acto estatal, sino una publicación protegida por el derecho constitucional a la libertad de expresión que me garantizan la Constitución nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional”.
El jefe de Estado también buscó desacreditar el reclamo de la familia Moche al señalar que el pedido de borrar el tuit responde más a una motivación política que legal: “la interpretación subjetiva y la irritación o inquietud que pueda sentir el actor, o en este caso daría la apariencia que más bien su letrado patrocinante (…) no es óbice para ejercer una censura et-post y menoscabar el derecho a la libertad de expresión y aplicar la cultura de cancelación hacia la opinión con la cual no simpatizan”.
Finalmente, desestimó la posibilidad de eliminar el mensaje: “Si se considerara que el tweet es una información en lugar de una opinión (…), tampoco es admisible su remoción, dado que no se ha actuado con real malicia, sino con buena fe”.
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