Un informe conjunto del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) puso en la mira la estrategia que el ministro de Economía, Luis Caputo, utiliza para financiar al Estado. Según el documento, el Gobierno argentino recurre a mecanismos opacos y riesgosos que eluden la supervisión y comprometen la sostenibilidad de la deuda.
El texto, titulado Transparencia Radical de la Deuda, advierte que muchas crisis recientes en países en desarrollo no se desataron solo por factores económicos, sino por deudas «no divulgadas o mal comprendidas». En este sentido, se menciona como ejemplo el caso argentino, donde la administración libertaria acumula compromisos financieros por fuera de los canales tradicionales, en una clara apuesta por evitar el escrutinio público.
“Con demasiada frecuencia, el mundo se entera de la existencia de una deuda insostenible solo cuando ya es demasiado tarde”, subrayaron el FMI y el BM.
Entre las prácticas observadas se incluyen préstamos con garantía como los contratos REPO, colocaciones privadas, instrumentos extrapresupuestarios y canjes con bancos centrales. Todas estas variantes figuran entre las herramientas preferidas del Palacio de Hacienda para sostener el nivel de reservas y evitar el colapso financiero sin pasar por el Congreso ni por licitaciones abiertas.
Uno de los puntos más polémicos es el uso de los contratos REPO. En enero, Caputo tomó un préstamo de mil millones de dólares con garantía de bonos. La semana pasada, repitió la maniobra por otros dos mil millones.
“Una forma de financiación con garantía, el contrato de recompra con sobre-garantía, o REPO, puede ser particularmente problemática”, remarcó el informe, y explicó que estos esquemas suelen implicar que el país entregue activos por un valor mayor al del préstamo recibido.
Otra herramienta que genera preocupación es la emisión de los BOPREAL, los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre, creados por el Banco Central para que empresas cancelen deudas con proveedores del exterior. En la práctica, esta operación implica una estatización encubierta de pasivos privados.
“Las complejidades legales y de implementación de estos instrumentos, especialmente en países de bajos ingresos con capacidad institucional limitada, pueden dar lugar a situaciones en las que incluso los propios gobiernos desconocen el alcance de sus obligaciones”, advirtieron los organismos multilaterales.
Esta semana, una nueva misión del FMI llega al país para revisar el cumplimiento de las metas acordadas, entre ellas la acumulación de reservas, que sigue muy por debajo de lo comprometido. Según el cronograma, el Banco Central debía sumar al menos 4.500 millones de dólares en lo que va del año, algo que no ocurrió.
Pese a las irregularidades, el Gobierno busca que el organismo libere más fondos. La experiencia durante la gestión de Mauricio Macri es ilustrativa: el FMI reconoció recién un año después los errores en la entrega de fondos, sin consecuencias concretas.
En este contexto, la deuda total sigue creciendo. Aunque el Ministerio de Economía sostiene que se redujo en más de 11 mil millones de dólares, esa aparente baja se explica por los pagos realizados con nuevos desembolsos del FMI, es decir, por más deuda.
La estrategia libertaria se completa con la renovación del swap con China por 18 mil millones de dólares, un acuerdo que representa casi la mitad de las reservas brutas del país. A pesar del discurso anti-China del oficialismo, el vínculo financiero con el gigante asiático sigue intacto.
Finalmente, el documento del FMI y el BM concluye con una advertencia general para las economías emergentes:
“A medida que los prestatarios soberanos se enfrentan a mayores costos de interés, condiciones de refinanciación más restrictivas y un acceso limitado al mercado, muchos recurren cada vez más a financiamiento extrapresupuestario y a mecanismos de financiamiento externo opacos y no convencionales”.
