El presidente Javier Milei oficializó la Ley 27.793, que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, pero su aplicación quedó en pausa mientras se determinen las fuentes de financiamiento y se incorporen partidas en el Presupuesto Nacional.
La decisión se produjo después de que el Congreso rechazara el veto presidencial con mayoría especial en ambas cámaras, obligando al Ejecutivo a promulgar la ley en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el decreto invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exigen créditos presupuestarios específicos para leyes con impacto fiscal.
Entre los beneficios previstos por la ley, que aún no se ejecutan, se incluyen: la creación de la PNC por Discapacidad para Protección Social con cobertura del 70% del haber mínimo y compatible con empleo hasta 2 SMVM; cobertura médica garantizada a través del Programa Incluir Salud y prestaciones de la Ley 24.901; compensación de emergencia a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación; exención del 50% de contribuciones patronales por tres años para empleadores que contraten personas con discapacidad; y el fortalecimiento institucional de ANDIS con auditorías inclusivas y metas de transparencia.
El Ejecutivo justificó la suspensión señalando que el presupuesto vigente “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Además, aclaró que si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”. El crédito presupuestario disponible asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma. Según el Gobierno, “para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”.
La medida generó críticas de algunos legisladores. Los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein denunciaron a Milei y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no aplicar la ley recientemente ratificada, junto con la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el director del Boletín Oficial, Walter Rubén González, acusándolos de presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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