En medio del debate por la reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei, con el argumento de combatir la llamada “industria del juicio”, reaparece un dato que incomoda al oficialismo: el propio vocero presidencial, Manuel Adorni, obtuvo una indemnización millonaria tras ganar un juicio laboral años antes de desembarcar en la Casa Rosada.
La discusión sobre los cambios en la legislación del trabajo ocupa un lugar central en la agenda política. Desde el Ejecutivo sostienen que el régimen actual desalienta la contratación y frena el desarrollo de las empresas, especialmente de las pymes, y utilizan como eje discursivo el impacto de los litigios laborales. En ese marco, el proyecto enviado al Congreso avanza sobre indemnizaciones, convenios colectivos, organización sindical y modalidades de contratación, con un corrimiento del riesgo desde los empleadores hacia los trabajadores.
Ese discurso choca de frente con el recorrido personal de Adorni. En 2017, cuando se desempeñaba como administrativo en una concesionaria, inició una demanda laboral contra Renault Argentina SA, Plan Rombo SA y Centro Automotores SA, bajo la figura de responsabilidad solidaria. El reclamo prosperó y el entonces trabajador cobró una indemnización cercana al millón de pesos, una suma que, al momento de la resolución judicial, equivalía a más de 55 mil dólares.
El derecho que Adorni ejerció —la indemnización por despido— aparece hoy en la mira del mismo espacio político al que representa. La reforma laboral que promueve el Gobierno elimina componentes clave del cálculo indemnizatorio, habilita sistemas alternativos como el fondo de cese laboral y limita la posibilidad de iniciar reclamos paralelos por daños y perjuicios. Todo el esquema apunta a reducir costos empresariales y, de manera implícita, a debilitar el poder de negociación de los trabajadores.
La contradicción no se limita al contraste entre pasado y presente. Ya instalado como figura pública, Adorni expresó en redes sociales y medios una postura abiertamente crítica contra los juicios laborales. En uno de sus mensajes sostuvo: «En Argentina hay 605.000 pymes que dan trabajo a 10 personas cada una. Cada juicio laboral injusto puede significar que 10 personas se queden en la calle. Los juicios laborales a Pymes hay que limitarlos a la indemnización: multas y demás que no vayan al bolsillo del empleado».
También cuestionó la visibilización mediática de reclamos laborales y los intentos de regulación de actividades informales, a las que asoció directamente con la “industria del juicio”. Sin embargo, fue ese mismo entramado legal el que le permitió, años atrás, obtener una compensación económica significativa frente a su empleador.
En una entrevista televisiva, el vocero reforzó la postura oficial sin matices. «La reforma laboral es innegociable para el gobierno», afirmó, y agregó: «¿Qué razón hay para que con 43% de informalidad laboral, salarios miserables y no creación de empleo vos sigas con las mismas leyes laborales? No tiene ningún sentido». Para Adorni, el problema radica en el “miedo a contratar” que, según su visión, generan las normas vigentes.
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