La llamada “libertad económica” terminó empujando a millones de argentinos a rebuscárselas como pueden, en un escenario donde el trabajo formal se achica y los salarios no alcanzan. De acuerdo con un informe reciente del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CITRA), cuatro de cada diez personas activas trabajan hoy en la informalidad o en el autoempleo, y nueve de cada diez dentro de ese universo sobreviven con menos de tres salarios mínimos.
La cifra equivale a unos 3,4 millones de personas que sostienen su vida diaria en condiciones cada vez más precarias. El estudio reveló que, en apenas un año, la cantidad de trabajadores de la economía popular con ingresos bajos aumentó un 55,3%. El fenómeno se concentra en empleos de subsistencia: pequeños oficios, venta ambulante, trabajo familiar sin remuneración o empleo doméstico con pagos por debajo de lo legal.
El Gobierno, lejos de revertir la tendencia, redobla su apuesta por una reforma laboral que profundiza la desprotección. Según advierten los investigadores, “lo hecho hasta ahora lejos de crear empleo en buenas condiciones, apuntó a cambios regresivos que ‘legalizaron’ condiciones precarias de contratación”, lo que además “afecta la propia sustentabilidad del sistema jubilatorio”.
Más trabajo, menos derechos
Desde que Javier Milei llegó al poder, el mercado laboral argentino se volvió más desigual y fragmentado. El empleo registrado perdió unos 200.000 puestos desde fines de 2023, mientras el cuentapropismo creció con fuerza, sobre todo entre quienes trabajan por cuenta propia en total informalidad.
CITRA detalló que “dicha población alcanzó los 3,9 millones de personas, y muestra un crecimiento interanual entre inicios del 2025 e igual periodo del 2024 del 6,9%, mientras que la población activa creció 1,4%”. Esto confirma, según el organismo, que la economía popular funciona como “válvula de escape” ante la escasa generación de empleo protegido.
El segmento joven (de 16 a 29 años) es el más golpeado: representa el 25,4% de este tipo de trabajo y creció 10,9% en el último año. Las mujeres también enfrentan mayores obstáculos: la economía popular abarca al 30,9% de la PEA femenina, combinando empleo doméstico, autoempleo y desocupación.
Ingresos en caída libre
El informe reveló que el 89,4% de los trabajadores populares gana menos de tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), es decir, menos de 960.000 pesos por mes. En un año, más de 1,2 millones de personas pasaron a estar por debajo de ese umbral.
El problema se agrava porque el salario mínimo actual, de 322.200 pesos, perdió más de la mitad de su poder de compra en una década. Según CIFRA-CTA, su valor real cayó 43,4% respecto a 2019 y 56,7% frente a 2015. En términos históricos, equivale a menos de una quinta parte del salario promedio del sector privado y se ubica incluso por debajo de los niveles de la crisis de 2001.
En julio, una familia tipo necesitó casi cuatro salarios mínimos para cubrir la canasta básica. A esto se suma que los aumentos en transporte y servicios superaron con creces la inflación de los alimentos, deteriorando aún más los ingresos reales. “El poder adquisitivo de los sectores populares permaneció estancado y fuertemente afectado por los incrementos en transporte y servicios —y en menor medida en alimentos—”, señaló el CITRA.
El mapa de la precariedad
El relevamiento mostró además que la economía popular ya representa el 27,1% de la población económicamente activa y se expandió en casi todas las regiones del país. En el Gran Buenos Aires creció 10,8%, mientras que en la Patagonia lo hizo un 16,2%. En el NOA y Cuyo el aumento fue del 6,6% y 4,2% respectivamente, con altos niveles de empleo no remunerado y sobreocupación.
“El resultado es una estructura heterogénea, pero en todos los casos marcada por bajos ingresos, feminización de los segmentos más vulnerables y persistencia de dinámicas de inestabilidad laboral”, concluyó el documento firmado por Sonia Balza, Santiago Sorroche y María Inés Fernández Álvarez.
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