Con el resultado electoral como respaldo, el Gobierno libertario acelera el ajuste fiscal en la última parte del año. El objetivo oficial es cerrar 2025 con un superávit primario del 1,6% del PBI, pero el camino elegido vuelve a recaer sobre los mismos rubros: subsidios a los servicios públicos, obra pública y salarios estatales.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), para alcanzar la meta el gasto no indexado debería reducirse un 16% real interanual en los meses que restan, profundizando el deterioro de los ingresos mientras la inflación licúa el presupuesto.
El modelo económico, que el oficialismo defiende como ejemplo de “orden y eficiencia”, se sostiene sobre un aparato estatal cada vez más reducido y un mercado laboral fragmentado. Hoy, seis de cada diez trabajadores del sector público tienen más de un empleo. La mayoría combina sueldos depreciados con otras actividades para compensar una pérdida salarial superior al 30%.
La Fundación Germán Abdala (FGA) advirtió que “el 64% de quienes trabajan en la administración pública posee otro trabajo”. El informe precisó además que “el 44% posee dos empleos, el 17% tres, y el 3% más de tres”. Entre quienes solo tienen un trabajo, el 77% declaró que está buscando otro.
En los últimos meses, el deterioro se agudizó con más de 50.000 despidos o retiros en empresas del Estado y una pérdida salarial cercana al 35%, según datos del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). “Lejos de los supuestos acerca de un empleo público con estabilidad y solidez respecto a sus derechos e ingresos, los datos indican que el 52% posee un salario inferior al millón de pesos”, advirtieron los especialistas.
El fenómeno del pluriempleo no solo refleja la precarización laboral, sino también el impacto humano del ajuste. Apenas el 22% de las personas consultadas logra compatibilizar su vida familiar con sus múltiples jornadas laborales. “El 60% trabaja entre 31 y 40 horas semanales en su empleo estatal, y el 22% más de 40. Es decir, para muchos, la segunda actividad laboral comienza después de una jornada completa”, puntualizó la FGA.
Retroceso acumulado: 2023 vs 2026
Si se observa la evolución presupuestaria desde 2023, el impacto del ajuste se vuelve aún más evidente. En tres años, el presupuesto de Servicios Económicos —que incluye subsidios a transporte, luz, agua y gas— cayó un 83% en términos reales. La infraestructura y equipamiento retrocedieron 84%, y los recursos destinados a Servicios Sociales disminuyeron más del 50%.
El Presupuesto 2026 proyecta un gasto total todavía un 57% inferior al de 2023 en términos reales. Incluso con aumentos nominales, las partidas no alcanzan a compensar la inflación acumulada ni a recuperar los niveles previos de inversión pública. Según la Fundación Éforo, para mantener el mismo poder adquisitivo del gasto de 2023, las partidas deberían crecer un 940%, mientras que el proyecto oficial apenas contempla un incremento del 411%.
En paralelo, el Gobierno proyecta una inflación del 10,1% y un crecimiento del 5% para 2026, aunque consultoras privadas anticipan una suba de precios cercana al 19,5%, lo que profundizaría la brecha entre las previsiones oficiales y la realidad económica.
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