Desde noviembre de 2023, cuando Javier Milei llegó a la Casa Rosada, la Argentina perdió 262.093 empleos registrados. Los datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) muestran un deterioro que se concentra en sectores claves como la administración pública, la defensa y la seguridad social obligatoria, que se redujeron en 89.794 puestos, y la construcción, que achicó su plantilla en 81.463 trabajadores.
El informe también da cuenta de que la contracción alcanzó a la industria manufacturera, con 43.063 empleos menos, y al transporte y almacenamiento, que recortó 53.101. En paralelo, el empleo doméstico mostró una pérdida de 45.514 en la modalidad de parte empleadora afiliada y aportante, y de 25.954 en casas particulares de parte empleadora afiliada.
La caída no solo se reflejó en los asalariados. La cantidad de empleadores también bajó: de 512.357 en noviembre de 2023 a 496.035 en junio de este año, lo que implica 16.322 empresas menos. El golpe más fuerte lo recibieron las firmas de hasta 500 empleados, que explican el 99,63% de la reducción.
En términos relativos, el rubro con mayor retroceso fue transporte y almacenamiento, con una caída del 10,5% en el número de empleadores. Detrás se ubicaron las organizaciones extraterritoriales (−9,7%), los servicios inmobiliarios (−9,2%) y la construcción (−7,7%).
Mientras el Gobierno ya anticipa un nuevo intento de reforma laboral, voces del sindicalismo y la abogacía laboral marcaron alarma. En el Encuentro Latinoamericano de Abogados y Abogadas de Trabajadores (ELAT), realizado en Brasil, el argentino Matías Cremonte fue reelegido al frente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).
En su discurso, Cremonte advirtió: “Las reformas laborales regresivas, que son moneda corriente en la región, constituyen una gran preocupación para el laboralismo latinoamericano. Por eso, las acciones judiciales sostenidas por la lucha del movimiento obrero por defender sus derechos son vistos con esperanza en toda la región”.
El abogado también sostuvo: “Asistimos a un tiempo en el que con la excusa de una supuesta modernización del derecho laboral del siglo XXI en verdad se retrocede al siglo XIX y lo que avanza es la precariedad, la miseria y la superexplotación de las personas trabajadoras, mientras crece la rentabilidad del capital y, con ella, la desigualdad social”.
Cremonte, que renovó su mandato hasta 2027, además de su rol en la ALAL, integra el equipo jurídico de ATE y asesora a aceiteros, desmotadores de algodón y metalúrgicos.
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