El Gobierno nacional, en línea con pedidos del FMI, propone suspender la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las asignaciones familiares. La decisión, que formará parte del Presupuesto 2026, marcaría un cambio significativo en el funcionamiento de estos beneficios, que hasta ahora se ajustaban al ritmo de la inflación a través de la movilidad jubilatoria.
La modificación ya fue incluida en el proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Congreso. Si prospera, los montos de la AUH y de las asignaciones familiares dejarán de actualizarse automáticamente y quedarán sujetos a la discrecionalidad del Ministerio de Capital Humano. Especialistas y referentes sociales advierten que esta medida afectará principalmente a niños y adolescentes de familias vulnerables, pero también a quienes dependen de un empleo formal.
El diputado y ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, sostuvo: “Por otro lado, esto significa romper el esquema del derecho, porque la asignación universal por hijo hoy forma parte del sistema de seguridad social, pero en la medida que la desenganchen del aumento jubilatorio, si sucede esto, en la práctica, con los años va a pasar a ser una especie de bono de apoyo a las familias pobres. Algo mucho menor, como tendencia, a lo que es hoy”. También señaló que “la movilidad jubilatoria es un mecanismo asociado a la inflación, está claro que si se desengancha de ese índice, la AUH va a perder poder adquisitivo”.
Actualmente, tanto la AUH como las asignaciones familiares de los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas se incrementan cada mes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Indec, gracias a la Ley 27.160, que vinculó estos beneficios al aumento de las jubilaciones.
El cambio previsto generó preocupación entre organizaciones sociales y académicas. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advirtió que el gasto en servicios sociales proyectado para 2026 será un 15,9% inferior al de 2023 y que, aunque la AUH y la Tarjeta Alimentar mantendrían su inversión, la forma de actualización propuesta encierra riesgos para la seguridad social de los niños.
Norma Morales, de Barrios de Pie, aseguró: “El 2024 fue un año durísimo para las familias que cobran la AUH, que son las mismas que necesitan de los comedores: la inflación les devoró cada peso, mientras los precios de la canasta básica se disparaban”. También remarcó que “nuestras niñeces hace meses que no pueden acceder a alimentos básicos como pollo, carne, yogur, queso, leche, cereales o frutas, que aparecen apenas una vez cada tanto. Son esos niños y niñas de los barrios populares los que se van a dormir con la panza vacía. Ya no tienen garantizado el desayuno, el almuerzo ni la cena, su seguridad alimentaria está en riesgo”.
Para Morales, “la Asignación Universal por Hijo no es una dádiva, sino un derecho conquistado que desde 2009 vino a reparar desigualdades históricas, reconociendo que el Estado tiene que cuidar y proteger a todos los niños y niñas de nuestro país”. Por eso, organizaciones sociales planean exigir al Congreso que asegure la actualización automática de la AUH como política de Estado y estudian recurrir a la vía judicial para garantizarlo.
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