Electricidad cada vez más cara: la clase media paga casi igual que los hogares ricos

Un relevamiento reciente del Instituto Argentina Grande (IAG) expone un cambio profundo en la forma en que impactan las tarifas eléctricas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque el sistema formal de segmentación por ingresos continúa vigente, los números muestran que esa diferenciación pierde peso en la práctica. Con consumos similares, los hogares de ingresos medios afrontan facturas prácticamente idénticas a las de los sectores de mayor poder adquisitivo.

El estudio toma como referencia un consumo mensual promedio de 350 kwh bajo las distribuidoras Edenor y Edesur. En ese escenario, durante diciembre de 2025 los usuarios categorizados como N3 abonaron 50.697 pesos por el servicio eléctrico. La cifra quedó apenas 592 pesos por debajo de los 51.289 pesos que pagaron los hogares de altos ingresos (N1). En contraste, los sectores de menores recursos (N2) afrontaron boletas promedio de 25.044 pesos.

La comparación histórica muestra un impacto desigual del ajuste tarifario. Desde noviembre de 2023, la tarifa real para la clase media escaló un 275,3 por ciento, muy por encima del incremento que recayó sobre los hogares de bajos ingresos, que llegó al 113 por ciento. En el extremo opuesto, los usuarios de mayor capacidad económica registraron una suba real de apenas 21,9 por ciento.

Este reordenamiento de precios convive con una caída sostenida del consumo residencial de electricidad en el Gran Buenos Aires. En noviembre de 2025, la demanda bajó un 5 por ciento frente al mismo mes de 2023 y, en el acumulado anual hasta noviembre, el retroceso rondó el 2 por ciento. Mientras las boletas suben, los hogares ajustan hábitos y reducen el uso de energía para poder afrontar los costos.

Desde el IAG señalan que “la actualización tarifaria de enero, con su alza del 2,5 por ciento, no es un hecho aislado, sino la consolidación de una asimetría distributiva que ha castigado desproporcionadamente a la clase media”. El informe plantea que el principio de progresividad se debilita cuando familias con niveles de ingreso muy distintos terminan pagando montos similares por un servicio esencial.

La consecuencia directa es una “planicie tarifaria” que golpea de lleno a los sectores medios, históricamente vinculados al consumo interno. Con una porción cada vez mayor de los ingresos absorbida por las facturas, estas familias reducen gastos en áreas como alimentación, salud, educación o recreación, lo que también impacta en la dinámica general de la economía.

El documento alerta que “cuando un hogar que gana apenas lo suficiente para no ser pobre paga técnicamente lo mismo que un hogar de ingresos altos, se rompe el contrato social de progresividad”. La brecha salarial se mantiene, pero los costos fijos se emparejan, generando una sensación de injusticia y deterioro en la calidad de vida.

El IAG también describe un fenómeno de desplazamiento del consumo: al priorizar el pago de servicios, los hogares resignan otras necesidades. Esta lógica se vuelve más crítica en un contexto donde, según la Encuesta Permanente de Hogares, el 48 por ciento de las familias salió a buscar nuevas fuentes de ingreso en los últimos dos años para sostener su nivel de vida.

De cara a 2026, el informe pone la lupa sobre la reestructuración del sistema de subsidios que impulsa el Gobierno nacional. La eliminación de la segmentación por niveles N1, N2 y N3 y su reemplazo por un esquema binario —usuarios con o sin subsidio— abre un escenario de mayor exclusión. La evaluación sobre el ingreso total del grupo familiar y la reducción de los topes de consumo subsidiado podrían dejar a numerosas familias fuera del beneficio.

En el AMBA, donde el consumo promedio ronda los 350 kwh mensuales, factores como el uso de aire acondicionado en verano o electrodomésticos antiguos alcanzan para superar los límites y pagar tarifa plena. El informe advierte que esta situación puede derivar en mayores niveles de morosidad y, en casos extremos, en conexiones informales como forma de supervivencia.

El concepto de pobreza energética atraviesa todo el análisis. La electricidad deja de ser un servicio garantizado y pasa a convertirse en un bien de acceso restrictivo para una porción creciente de la población. En ese marco, la clase media queda atrapada en lo que el IAG define como una “trampa de ingresos”: sin subsidios por ingresos formales, pero sin margen real para afrontar tarifas cada vez más altas sin resignar bienestar.

Lejos de corregirse, la desigualdad en el impacto de las tarifas se profundiza. Y el Gran Buenos Aires, por su densidad poblacional y peso económico, aparece como el principal escenario donde se ensaya un modelo de segmentación que, en los hechos, deja de segmentar.

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