El Gobierno de Javier Milei habilitó un esquema fugaz de retenciones cero que permitió a once grandes exportadoras agropecuarias embolsar 1.500 millones de dólares en tiempo récord. La medida, diseñada por el ministro de Economía, Luis Caputo, funcionó como un salvavidas financiero para la gestión libertaria, aunque terminó generando una fuerte polémica por el costo fiscal y la exclusión de los productores medianos y chicos.
El mecanismo se cerró de manera abrupta luego de que Estados Unidos presionara públicamente para que se reinstauren los derechos de exportación. El propio secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, reclamó la vuelta del esquema anterior como condición para avanzar con la ayuda financiera a la Argentina. En paralelo, China aprovechó la ventana y reservó cerca de un millón de toneladas de soja local, desplazando a los productores estadounidenses que atraviesan tensiones comerciales con Pekín.
Los nombres detrás del negocio
De acuerdo a las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, las compañías que concentraron la liquidación fueron Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y ADM. Entre todas completaron los 7.000 millones de dólares que había fijado el Gobierno como cupo máximo. Casi el 80% de lo declarado correspondió a porotos y derivados de la soja.
El costo para las arcas públicas ascendió a 1.513 millones de dólares, equivalente al 0,23% del PBI. En términos prácticos, ese dinero terminó en las cuentas de las cerealeras en lugar de ingresar al Tesoro.
Para el diputado nacional Eduardo Valdés, la operatoria fue “un saqueo legalizado”. En el pedido de informes presentado en la Cámara baja sostuvo: “El presidente dijo que quería fortalecer las reservas pero en realidad regaló recursos públicos. Lo que debería haber ingresado al Tesoro terminó engordando las cuentas de un puñado de exportadoras”.
Valdés añadió: “Fue una maniobra a medida de los grandes jugadores. Miles de productores quedaron mirando desde afuera y el fisco perdió, según estimaciones, más de 1.500 millones de dólares en retenciones”. Y remató: “No adelantaron divisas por amor a la patria, lo hicieron porque el Gobierno les regaló una renta extraordinaria. Los dólares hubieran entrado igual, solo que con el Estado cobrando lo que corresponde”.
El trasfondo internacional
El apuro de Washington en exigir el regreso de las retenciones no fue casual. La American Soybean Association expresó su malestar por la irrupción de la Argentina en el mercado chino de la oleaginosa. En un comunicado, su presidente Caleb Ragland advirtió: “Estados Unidos no ha realizado ventas a China en esta nueva campaña agrícola debido a los aranceles de represalia del 20% impuestos por China en respuesta a los aranceles estadounidenses. Esto ha permitido que otros exportadores, como Brasil y ahora Argentina, se apoderen de nuestro mercado a costa de los agricultores estadounidenses”.
La declaración se tornó todavía más dura al señalar: “La frustración es abrumadora. Los precios de la soja estadounidense están cayendo, la cosecha está en marcha y los agricultores leen titulares que no hablan de cerrar un acuerdo comercial con China, sino de que el gobierno estadounidense está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días”.
Un alivio fugaz
El decreto 682/2025, publicado en el Boletín Oficial, establecía que el beneficio se extendería hasta el 31 de octubre o hasta completar el cupo de 7.000 millones de dólares. La segunda condición se alcanzó en apenas tres jornadas.
Los analistas coincidieron en que la maniobra benefició a un pequeño grupo de jugadores con gran poder de almacenamiento y liquidez, mientras que los productores chicos no tuvieron margen para sumarse. “Si el Gobierno hubiera exigido la acreditación de tenencia de granos, el proceso hubiera sido más gradual y las ganancias deberían haberse repartido”, explicaron desde el sector.
Con la marcha atrás, la Casa Rosada buscó contener la presión internacional, pero el resultado dejó expuesta la fragilidad de la estrategia económica: se resignaron ingresos públicos en un contexto fiscal crítico y se multiplicaron las tensiones en el campo, donde muchos vieron cómo los grandes conglomerados aprovecharon la ventana y se quedaron con la renta.
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