El salario mínimo cayó a su punto más bajo en diez años y ya no cubre ni lo básico

Desde que Javier Milei llegó a la Casa Rosada, el salario mínimo perdió terreno sin pausa y quedó reducido a una sombra de lo que representó hace una década. Un informe de Cifra-CTA mostró que, tras la devaluación fundacional de diciembre de 2023 y los sucesivos aumentos por decreto, el ingreso mínimo arrastra un derrumbe acumulado del 35,2% en su poder de compra. Para recuperar la fuerza que tenía a fines de 2015, debería ubicarse hoy cerca de los 760.000 pesos, muy lejos de los 322.200 pesos fijados para octubre para quienes trabajan 48 horas semanales.

Las paritarias libres dejaron de funcionar en este esquema. Las cinco reuniones del Consejo del Salario que se hicieron desde el inicio del gobierno libertario terminaron sin acuerdo y la Secretaría de Trabajo fijó los montos siguiendo casi al pie de la letra la postura empresarial. Ese mecanismo mantuvo el deterioro y profundizó la distancia entre los ingresos y el costo de vida.

Cifra remarcó que «la pérdida sufrida durante este Gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en octubre de 2025 en un nivel real que resulta 45,6 por ciento más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos y 58,4 por ciento menor que noviembre de 2015. Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, se acercaría actualmente los 760.000 pesos».

El deterioro del salario mínimo también abrió una brecha más profunda con los ingresos reales del sector privado. Hoy, el piso legal representa menos de una quinta parte del sueldo promedio. Para Cifra, la dinámica recuerda los años noventa y el final de la Convertibilidad, cuando el salario mínimo quedó relegado sin cumplir su función de ordenar la estructura salarial. Según Celag, esa caída dejó a la Argentina en el último puesto del ranking regional: mientras Costa Rica lidera con 729 dólares y Uruguay lo sigue con 593, el país aparece con apenas 225 dólares.

La comparación con la canasta básica expone el impacto concreto: en octubre, una familia de cuatro integrantes necesitó casi cuatro salarios mínimos para evitar la pobreza, una situación incluso peor que la de 2001.

La fragilidad laboral suma otra capa al cuadro. Las reformas libertarias alentaron un proceso de informalización que golpeó con fuerza en las regiones más postergadas. El Instituto Argentina Grande registró que en el NOA, el NEA y Cuyo más de la mitad de los trabajadores no cuenta con ningún tipo de registro. La precarización se acentuó en paralelo a la destrucción de empleo formal: el sector privado perdió más de 220.000 puestos y alrededor de 20.000 empresas bajaron la persiana desde el arranque del programa económico.

El traslado de la crisis recayó sobre los asalariados. La desregulación abrió la puerta a esquemas laborales donde los empleadores evitan cargas sociales y empujan al trabajador a la informalidad. A su vez, la brecha histórica entre los salarios del AMBA y los del interior creció y, en provincias con ingresos ya deprimidos, la presión competitiva se resolvió por la vía del no registro. Ese círculo debilitó aún más el mercado interno: con ingresos inestables y por debajo de la canasta básica, la recuperación del consumo quedó fuera de escena.

El cuadro final es el de un salario mínimo sin capacidad de sostener el piso de ingresos ni de marcar el rumbo del resto de la estructura salarial, en un contexto donde la informalidad, la caída del empleo formal y la desigualdad avanzan al ritmo del ajuste.

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