El Gobierno de Javier Milei logró que la Justicia suspenda la circulación de nuevos audios vinculados a la supuesta red de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La decisión judicial, firmada por el juez Patricio Alejandro Maraniello, ordena frenar la publicación de material grabado dentro de la Casa Rosada, lo que alcanzaría tanto a medios de comunicación como a redes sociales.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió la medida a través de su cuenta de X: «Se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión».
Hasta ahora se difundieron fragmentos donde aparece la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, hablando de la dinámica interna del Gobierno. En una de las grabaciones, la hermana del Presidente sostuvo: «No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad, acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada».
Aunque esos registros no mencionan de manera directa la causa por coimas en la Andis, en el oficialismo crece el temor a que existan más audios con contenido comprometedor.
Una “operación de inteligencia ilegal”
El Ejecutivo presentó una denuncia ante la Justicia Federal, a través del abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad. Allí se describe lo ocurrido como un plan para desestabilizar al Gobierno en plena campaña electoral. «El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», escribió Adorni en redes sociales.
El propio presidente Milei reforzó la acusación al citar esa publicación con la frase en mayúsculas: «Operación de inteligencia ilegal».
Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich fue más allá y reclamó medidas contra quienes difundieron los audios. Apuntó contra los periodistas Mauro Federico y Fabián Doman, del programa Data Clave, al que definió como “kirchnerista”, y también contra Jorge Rial, que divulgó grabaciones en su programa Argenzuela.
En la demanda presentada, el Gobierno volvió a plantear que «las conductas ilícitas objeto de esta presentación forman parte de un ataque a una de las principales figuras del Gobierno Nacional, mediante una burda operación de inteligencia no institucional».
Libertad de expresión en debate
Mientras la administración libertaria sostiene que la divulgación de los audios vulnera la Ley de Inteligencia Nacional, la Constitución protege expresamente a los periodistas: «No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística», indica el artículo 43.
El juez Maraniello, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5, resolvió hacer lugar parcialmente al pedido oficial y dispuso el “cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (…) que sean atribuidos a la Sra. Karina Elizabeth Milei”. Según explicó, la medida busca proteger “la especial sensibilidad de los intereses estatales comprometidos” y no constituye un caso de censura previa.
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