El Centro de Economía y Política Argentina (CEPA) lanzó un informe sobre el primer año de gestión de Javier Milei. El gobierno aplicó un ajuste desde el primer momento para mejorar variables macroeconómicas, pero con un costo social elevado.
«La suba del tipo de cambio, de 118%, conjuntamente con la desregulación de vastos sectores de la economía y el incremento significativo de las tarifas de servicios públicos (luz, agua, gas, transporte), tuvieron un sensible impacto en precios (la inflación alcanzó 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero) que, sin ningún tipo de compensación de ingresos ni acuerdo de precios implicó una reducción sensible de los ingresos en términos reales», explica el informe.
10 puntos claves del 2024 de Milei, según CEPA
CEPA describió la gestión de Milei y la dividió en 10 puntos claves.
1. Actividad económica
La actividad económica (EMAE-INDEC) sufrió una fuerte caída a principios de año que se recuperó parcialmente a lo largo de los meses subsiguientes. El impacto de la devaluación, que licuó los ingresos de la población afectando el consumo, sumado al ajuste regresivo del gasto estatal, generaron una fuerte contracción de la economía. En abril, la actividad llegó a su piso ubicándose 4,4% por debajo de la medición desestacionalizada de noviembre 2023 y comienza un rebote errático: la variación mensual desestacionalizada arrojó +0,7% en mayo, -0,1% en junio +2,7 en julio, +0,9% en agosto y una nueva retracción en septiembre (-0,3%). Pese a ello, Milei sostiene que que “la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer”, y que “los desestacionalizados hace 6 meses que vienen, sistemáticamente, creciendo”[1].
A septiembre de 2024, la actividad económica cayó 3,1% en la comparación acumulada interanual. Si excluimos el factor agro (que compara con un 2023 atravesado por la sequía), el derrumbe es de 5,5% acumulado hasta septiembre. De mantenerse este nivel de actividad económica hasta fin de año, la caída interanual será de 3,1% (el REM proyecta -3,6%) mientras que excluyendo al agro sería de 4,2%. El crecimiento del sector agropecuario, superada la sequía, amortigua y compensa parcialmente el desplome.
Otro aspecto importante a destacar es la heterogeneidad de la “recuperación”. Mientras que sectores como Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+38,9%), Explotación de minas y canteras (7,1%) y Pesca (8,2%) crecieron en la comparación interanual acumulada, Construcción (-19,5%), Industria (-12,4%) y Comercio (-10,8%) registraron las bajas más pronunciadas.
2. Inflación
La devaluación inicial del 12 de diciembre fue acompañada de la desregulación de los precios de la economía: naftas, prepagas, alimentos, medicamentos. Estas medidas aceleraron significativamente la inflación: 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero. Luego del fogonazo, entre mayo y agosto, la inflación se estancó en torno a 4%, piso que logró romperse en septiembre (3,5%) y octubre (2,7%).
Dos factores han sido claves para explicar la desaceleración. Por un lado, la sensible caída del consumo le colocó un techo a los precios no regulados de la economía. La pérdida de poder adquisitivo fue el mayor límite al crecimiento de los precios de los bienes de consumo masivo como los alimentos y productos de cuidado.
El segundo factor fue el tipo de cambio. En materia cambiaria, el gobierno propuso un esquema rígido de devaluación mensual controlada de 2%, para anclar las expectativas, generando al mismo tiempo una apreciación acelerada del tipo de cambio.
Existen varios cuestionamientos al indicador de precios. La inflación está bien calculada de acuerdo a la metodología vigente, pero el indicador no es representativo del consumo de los argentinos. Esto se debe a que un indicador como el IPC no permite captar cambios sensibles en corto plazo (meses) en las canastas de consumo promedio de la población. Y durante la gestión de Milei, tanto los servicios como el transporte han registrado un salto significativo, muy por encima del resto de los precios.
3. Empleo, salarios y consumo
La caída de la actividad económica también afectó la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas. Desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2024, se perdieron más de 261 mil puestos: de 9.857.173 a 9.596.156 según los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).
El efecto ha sido heterogéneo. Desde que asumió Milei hasta agosto, los únicos sectores de la economía que generaron puestos de trabajo son el agro (+9.918), la minería (+754) y la pesca (+586). Pero estuvieron muy lejos de compensar lo sucedido en el resto de los sectores: construcción perdió 66.00 puestos y la industria manufacturera 29.600 puestos.
El poder adquisitivo de los salarios sufrió una fuerte caída en diciembre con la aceleración inflacionaria. A partir de allí, el comportamiento se fragmenta: mientras que los registrados privados lograron recuperar parte de lo de perdido (se ubican 1,5% por debajo del poder adquisitivo de noviembre 2023), los públicos y los no registrados se estancaron, registrando una pérdida a septiembre de 16,1% y 20,1% respectivamente respecto del inicio del gobierno. El promedio ponderado de los salarios medido por el INDEC arroja un descenso del poder de compra de 9,6%.
Sin embargo, el indicador de salarios no permite medir la pérdida de puestos de trabajo. Si analizamos la masa salarial real de los trabajadores registrados privados (salario ajustado por cantidad de trabajadores), el nivel respecto a noviembre de 2023 exhibe una caída de 3,7%.
4. Jubilaciones y pensiones
La política previsional adoptada, desde diciembre 2023, tuvo distintos aspectos, todos con carácter regresivo. En primer lugar, cabe destacar la pérdida del poder adquisitivo de los haberes. El gobierno aprovechó el desfasaje temporal de la fórmula previsional y modificó la fórmula jubilatoria antes de que la misma incorporara el efecto sobre salarios y recaudación.
En marzo, el gobierno emitió el DNU 274/2024 en el que se dispuso que los aumentos sean mensuales según el último dato de inflación disponible (de 2 meses anteriores: por ejemplo, para abril se considerará la inflación de febrero) además de un incremento excepcional de 12,5% a modo de recomposición por la inflación de enero que había sido de 20,6%.
Si bien la fórmula atada a IPC permitió recuperar parte del terreno perdido el primer trimestre (porque en un escenario de descenso de inflación, la actualización es mayor al IPC del mes), la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios. La fórmula anterior, atada a salarios y recaudación, hubiera arrojado haberes 21% superiores a diciembre 2024 respecto de los que efectivamente serán con la fórmula de Milei[5].
Al atar las jubilaciones al IPC, éstas no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperarse. Con esta intención, en septiembre el gobierno vetó la Ley 27.756 sancionada por el Congreso que incluía una cláusula gatillo una vez al año que mejoraba los haberes sujeto a la recuperación real de los salarios en el año calendario anterior. A su vez, la Ley otorgaba una recomposición por única vez de 7,2% para todos los haberes (para alcanzar el 20,6% de la inflación de enero), y una garantía de haber mínimo equivalente al 109% de la CBT de un adulto. Este último punto implicaba de consolidar el bono para quienes perciben la mínima.
5. Desregulaciones: DNU 70/2023 y Ley Bases
El 20 de diciembre, Milei emitió un Decreto de Necesidad y Urgencia con más de 300 artículos que implicaron desregular amplios sectores de la economía argentina y el mundo del trabajo, junto con el desguace y la extranjerización del patrimonio nacional: empresas públicas, tierras y lagos[6]. El DNU 70/2023 de Milei profundiza desigualdades preexistentes en la sociedad, quitando las vallas de contención básicas que buscaban –incluso con deficiencias– equiparar situaciones dispares.
Las medidas se presentan como desregulación, pero en realidad implican regular a favor de sectores concentrados, en detrimento de las grandes mayorías.
6. El RIGI[12] y el modelo anti industrial de Milei
Una de los aspectos más estructurales de la Ley Bases es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Su objetivo es fomentar el ingreso de proyectos con un mínimo de USD 200 millones de capital, con amplios beneficios tributarios y cambiarios y estabilidad fiscal por 30 años. A su vez, implica una cesión de soberanía a la hora de controversias ya que habilita su resolución en el CIADI.
Esta iniciativa tiene como principal objetivo otorgar beneficios a grandes grupos económicos con la finalidad de obtener dólares frescos. Muchos de los proyectos que ya se presentaron al RIGI ya estaba en carpeta de las empresas inversoras, a las cuales se les terminaron otorgando muchos más beneficios que los solicitados por ellas mismas.
Si bien se modificó el proyecto original y se incluyó 20% de valor agregado local, la reglamentación permitió que se cumpliera con obra civil. Es decir, no beneficia a la Argentina en materia de encadenamiento productivo: no sólo no fomentará la provisión nueva de bienes y servicios, sino que pone en jaque el entramado ya existente. Así, el plan productivo para Argentina resulta muy limitado a la esfera extractiva, sin creación de valor, y sobre todo sin creación de puestos de trabajo de calidad. Si analizamos las actividades alcanzadas por el RIGI, sólo explican el 6% del empleo registrado privado y con escaso crecimiento en los últimos 15 años (sólo 17.000 puestos en dicho período). Por el contrario, la industria manufacturera que pone en riesgo el RIGI explica el 19% de los puestos de trabajo.
Desde la sanción del Régimen, la mayor parte de las inversiones anunciadas provienen de una empresa estatal: YPF. De los seis proyectos que ingresaron al RIGI (USD 7.920 MM), más de la mitad (USD 5.720 MM) corresponden a YPF. El 70% de la totalidad de estas inversiones se encuentran localizadas en Vaca Muerta. En ese sentido, también es preciso puntualizar que en gran medida la rentabilidad Vaca Muerta deviene de la inversión inicial que realizó la petrolera estatal.
7. Superávit fiscal
El gobierno logró alcanzar superávit fiscal durante buena parte del año a costa de un nivel mucho más bajo de gasto, que más que compensó la caída de recaudación. En los primeros diez meses del año, los ingresos del Sector Público Nacional acumulan una caída de 6,8% en términos reales. Por su parte, el gasto público acumula un recorte de 29,1% a octubre de 2024. Es decir, los ingresos cayeron, pero el derrumbe del gasto permitió el superávit.
Pero el superávit oculta “debajo de la alfombra” los intereses que capitalizan tanto las LEFI como las LECAPs, que emitió el Tesoro desde la asunción de Milei para desarmar los pasivos remunerados del BCRA y “limpiar su hoja de balance”. Al capitalizarse y no devengar los intereses, éstos no se pagan sino que contribuyen a incrementar el stock de deuda en pesos.
De acuerdo a las estimaciones de la Consultora 1816, a octubre de 2024, los intereses capitalizados por las LECAP, las BONCAP y las LEFI acumulan 10,4 billones de pesos. Este guarismo resulta muy superior al superávit financiero alcanzado por el gobierno ($3 billones) e incluso mayor al superávit fiscal ($10,3 billones). Por lo tanto, si los intereses de estos instrumentos en vez de capitalizarse, debieran abonarse, el Sector Público Nacional no hubiera alcanzado el superávit celebrado por el gobierno.
Ahora bien ¿Sobre quién recayó el ajuste del gasto? En los primeros diez meses, encabezaron el recorte las partidas de jubilaciones y pensiones, que soportaron 24,2% del ajuste, seguido por la obra pública, con 23,6%. Las prestaciones sociales aportaron 12,8%, los subsidios 12,7%, y los salarios y otros gastos del Estado 12,6%. Las transferencias a provincias y el gasto en universidades representaron 7,8% y 2,5% respectivamente.
8. Tipo de cambio y carry trade
El valor del tipo de cambio real multilateral se apreció en lo que va del año para llegar a los niveles de noviembre de 2023, previo al salto cambiario de 118% que impulsó el gobierno de Milei apenas asumió. Este proceso se debe al férreo control sobre el tipo de cambio establecido por el BCRA, un crawling peg de 2% mensual.
El gobierno pretendió (y pretende) sostener este tipo de cambio atrasado para evitar efectos sobre precios. Las dudas sobre la apreciación fueron sorteadas por el gobierno de distintas formas. En una primera etapa, aceptó perder reservas aguantando hasta llegar a septiembre y, con ello, la reversión de la ecuación cambiaria energética. Luego, el blanqueo sirvió como puente aportando estabilidad cambiaria. Y pretende llegar a un acuerdo con el FMI que le permita USD 10/15 mil millones, levantar con ello el cepo y que luego lleguen inversiones del RIGI. Este esquema implica, en el mejor de los casos, una inyección de dólares que, tarde o temprano, implicarán una salida más significativa de divisas.
El rol de la balanza energética resultó central para el mercado de cambios. En 2024, se logrará superávit en la balanza por primera vez en una década (con la excepción de 2020 afectado por la pandemia). Este desempeño se debe al ahorro logrado gracias a la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, inaugurado en 2023. Esto permitió sustituir importaciones de gas, trasladando el gas de Vaca Muerta a los centros urbanos.
9. Principales aspectos monetarios
En diciembre de 2023, el Banco Central inauguró una política monetaria centrada en tres ejes. Por un lado, dejó de renovar las LELIQs (instrumentos a 28 días) y disminuyó drásticamente la tasa de interés de los pases (a 1 día), licuando los depósitos en el contexto de aceleración inflacionaria. En segundo lugar, fomentó la migración de pasivos del BCRA al Tesoro ofreciendo éste tasas más atractivas que la tasa de pases. Finalmente, dejó también de renovar los pases, reemplazándolos por las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) emitidas por el Tesoro (que se hace cargo del pago de intereses) pero en manos del BCRA, como instrumento para los bancos comerciales.
En segundo lugar, emitió los BOPREALES, un bono voluntario en dólares que podían adquirir con pesos quienes demuestren tener deuda comercial (luego también habilitado para girar dividendos). Este instrumento le permitió al BCRA absorber una masa significativa de pesos, a través de la emisión de nueva deuda en dólares con garantía BCRA.
Hacia fines de julio, el BCRA presentó un nuevo esquema de política monetaria que fija un límite máximo a la cantidad de dinero. El tope definido para la Base Monetaria Amplia (BMA), entendida como la sumatoria de la Base Monetaria, los pesos depositados por el Tesoro en el BCRA y las LEFI en manos de bancos comerciales, es de 47,7 billones de pesos.
Como mecanismo para administrar la BMA, el gobierno anunció la posibilidad de vender de manera discrecional USD en los mercados de bonos y así absorber pesos. Más allá de la justificación oficial, lo cierto es que la decisión se anunció en un contexto de ampliación de la brecha cambiaria que había acelerado los precios. La intervención del BCRA -o al menos la posibilidad de que ocurra- en el MEP y en el CCL le puso techo a la cotización de los dólares paralelos.
La expectativa del gobierno es que en el mediano plazo (2026 según las estimaciones del BCRA), la base monetaria alcance ese límite de $47,7 billones, por una expansión de la demana de dinero.
10. Deuda en moneda extranjera
El perfil de vencimientos en moneda extranjera que debe afrontar Argentina en los próximos años es uno de los mayores desafíos de la economía de nuestro país. En 2025, por ejemplo, excluyendo las Letras Intransferibles que el BCRA tiene en su poder, el Tesoro debe afrontar el pago de USD 17.000 millones: 8.900 millones corresponden a bonistas privados (Bonares y Globales), 3.000 al FMI en concepto de intereses y 5.100 millones a otros organismos de crédito. Hacia 2028, el total de vencimientos entre capital e intereses asciende a USD 25.100 millones.
La estabilidad cambiaria -especialmente a partir del blanqueo en el que ingresaron más de USD 20.000 millones al sistema financiero- consolidaron una nueva tendencia a la baja que perforó los 800 puntos. También colaboró en este sentido las señales enviadas por el Ejecutivo de que efectivamente va a cumplir con los vencimientos inmediatos. Por ejemplo, a través del envío al BONY de los fondos correspondientes a los intereses que deben afrontarse en enero de 2025 así como también la compra por parte del Tesoro de los dólares para afrontar el vencimiento de capital.
La descripción detallada de los principales aspectos de la economía de Milei plasma una radiografía precisa del impacto regresivo de las políticas económicas aplicadas en el primer año de gobierno, con serias dudas sobre la sostenibilidad de las correcciones macroeconómicas realizadas y un abierto proceso de desindustrialización y desguace del aparato productivo y científico tecnológico nacional.
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