El presupuesto universitario retrocede a niveles de 2006: el brutal ajuste de Nación

Un informe del Centro de Investigaciones en Economía Nacional (CIEN) expone que el 86% del recorte al sistema universitario entre 2023 y 2025 recayó directamente sobre los trabajadores docentes y no docentes.

Entre 2023 y 2025, el presupuesto del sistema universitario argentino cayó 28,9% en términos reales. El dato no es nuevo, pero un informe reciente del Centro de Investigaciones en Economía Nacional (CIEN) le pone nombre y número a cada componente del ajuste: el 86,1% de esa reducción se explica por el recorte en los salarios docentes y no docentes. La narrativa oficial sobre auditorías y gastos superfluos choca de frente con la estructura del gasto universitario, donde casi el 88% del presupuesto se destina al pago de remuneraciones.

El deterioro salarial es contundente. Un docente titular con dedicación exclusiva y cinco años de antigüedad gana hoy un 31% menos en términos reales que en noviembre de 2023, último mes antes de que asumiera Javier Milei. Si se mira más atrás, el panorama es aún más desolador: un profesor adjunto con dedicación simple y sin antigüedad cobra hoy cerca de 50% menos en términos reales que en 2015.

Pero el recorte no se limitó a los salarios. Las partidas de extensión universitaria se desplomaron más del 97% respecto de 2023. Las becas Progresar perdieron el 62,4% de sus beneficiarios y el estipendio —congelado en $35.000 desde septiembre de 2024— acumuló una pérdida de poder adquisitivo del 46,5%. La promoción de carreras estratégicas cayó 64,9% y el fortalecimiento de la ciencia y técnica universitaria se contrajo 76,9%.

La ley que existe pero no se aplica

En agosto de 2025, el Congreso sancionó la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El Poder Ejecutivo la vetó mediante el Decreto 647/2025, pero el Congreso insistió y la norma quedó promulgada en octubre de ese año. La respuesta del oficialismo fue otro decreto —el 759/2025— que suspendió su aplicación condicionándola a la identificación de fuentes de financiamiento. En diciembre, un juzgado federal ordenó cumplirla mediante una medida cautelar. En febrero de 2026, el Ejecutivo apeló esa resolución.

Aplicar la ley en su totalidad implicaría agregar al presupuesto vigente unos $3,1 billones, equivalentes al 2,1% del presupuesto nacional 2026. El grueso de esa cifra —$2,7 billones— iría a recomponer los salarios docentes y no docentes al nivel previo a diciembre de 2023.

La propuesta del Ejecutivo: cuotas, sin recomposición

En lugar de cumplir con la ley sancionada por el Congreso, el Poder Ejecutivo busca que las sesiones extraordinarias traten un proyecto alternativo que la modifica en puntos clave. Las diferencias son sustanciales.

Mientras la Ley 27.795 establece la recomposición integral de las pérdidas acumuladas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, el proyecto oficial reconoce únicamente parte del período 2025. Todo lo adeudado entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024 queda sin reconocimiento. En reemplazo de la recuperación plena, el oficialismo propone tres cuotas de 4,1% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025, aplicables en marzo, julio y septiembre de 2026.

El número ilustra la diferencia: la Ley 27.795 obligaría a incrementar las partidas salariales en un 63,7% respecto del presupuesto actual. El proyecto oficial prevé apenas un 4,3%. La brecha equivale a $2,5 billones que los trabajadores de la universidad pública dejarían de percibir. Además, la propuesta no garantiza que las actualizaciones futuras cubran, como mínimo, la inflación del período, algo que sí establece la norma aprobada por el Congreso.

Dos décadas hacia atrás

Si en 2026 no se aplica la Ley 27.795, el presupuesto universitario se ubicará entre un 32% y un 39% por debajo del nivel de 2023 en términos reales, dependiendo de si se toma la inflación proyectada por el Presupuesto Nacional o la del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). En cualquiera de los dos escenarios, el financiamiento a las universidades retrocede a niveles equivalentes a los de 2006-2007: casi veinte años perdidos en materia presupuestaria.

El informe del CIEN concluye que la inversión adicional de $3,1 billones no solo implica cumplir una ley vigente, sino tomar una decisión de prioridades. Para un presupuesto que supera los $140 billones, representa poco más del 2%. Lo que está en juego, según el documento, es si el sistema universitario argentino puede sostener salarios, investigación y extensión con estándares de calidad, o si se profundiza un proceso de desfinanciamiento que erosiona uno de los activos públicos más consolidados del país.

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Gimena Fuertes

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