El PJ propone no pagar el «excedente político» de la deuda con el FMI

El PJ que conduce el Cristina Kirchner propuso que Argentina sólo pague la deuda con el FMI que le corresponde según su cuota de participación en el organismo. Señaló que el excedente del crédito que fue otorgado debido a los vínculos políticos primero de Mauricio Macri y luego Javier Milei con Donald Trump se revise y se judicialice. “A un préstamo político, una solución política”, sentencia el documento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner titulado “Aporte a la discusión sobre la problemática del endeudamiento con el FMI”, al que accedió Deuda Prometida.

Argentina, tras el doble endeudamiento de los dos últimos gobiernos no peronistas, acumula cerca del 1.363% de su cuota, muy por encima de los límites ordinarios del FMI. Según el propio FMI, el acceso a crédito normal de un país es de hasta el 145% de su cuota por año, por lo que en cuatro años puede llegar hasta el 435% de la cuota, unos 19.400 millones de dólares. Sin embargo, al 30 de mayo de 2025, la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanza en capital los 54.597 millones, lo que la convierte en la principal deudora del organismo a nivel global.

Esta cifra se deriva del acuerdo stand-by firmado por Macri en 2018 por 44.500 millones, y del Programa de Facilidades Extendidas (EFF) aprobado en 2022, que reestructuró ese pasivo y estableció un nuevo cronograma de pagos. Ahora, en abril de 2025, el gobierno de Milei anunció un nuevo préstamo por 20.000 millones de dólares, y al concretar el primer desembolso de 12.000 millones de dólares, la deuda total con el Fondo alcanza la suma de 54.597 millones de dólares, en concepto de capital.

Según el estatuto del Fondo, Argentina debería poder acceder a unos 19.400 millones de dólares acumulados, según su cuota de acceso excepcional. Sin embargo, esos 54.597 millones de dólares triplican la cuota máxima asignada a Argentina. Estos 35.197 millones de dólares de deuda con el FMI que exceden su acceso normal conforman un “excedente político”.

Según la política de acceso excepcional del Fondo, establecida en 2002 y actualizada en años posteriores, los países que soliciten préstamos por encima de los límites normales (435% de la cuota acumulada) deben cumplir con cuatro criterios estrictos: alta probabilidad de repago; sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo; acceso al mercado o perspectivas realistas de acceso; capacidad para implementar un programa sólido de políticas económicas.

Tal como reconoce la Independent Evaluation Office (IEO) en su informe de diciembre de 2024, titulado The IMF’s Exceptional Access Policy: Evaluation Report, la aplicación de estos criterios ha sido deficiente y ambigua en varios casos recientes, incluido el argentino. La IEO señala que: “El programa Stand-By de 2018 para Argentina fue aprobado sin un análisis adecuado de sostenibilidad de la deuda y sin garantías realistas de acceso a los mercados. Se invocan criterios de acceso excepcional de manera flexible, con consideraciones políticas evidentes”. Más aún, la misma evaluación advierte que: “Los préstamos excesivos sin un programa creíble y sostenible comprometen la reputación del FMI y pueden ser considerados como una forma de corresponsabilidad en la generación de crisis posteriores”.

Según el PJ, que conduce en los hechos Cristina Kirchner, este reconocimiento institucional habilita la posibilidad de reestructurar la porción de la deuda contraída por encima de la cuota, especialmente si se demuestra que tanto Argentina como el Fondo violaron sus propios procedimientos y criterios. La responsabilidad compartida entre prestatario y prestamista, principio reconocido en derecho internacional financiero, permite exigir una revisión de acuerdos que hayan sido otorgados sin cumplir los estándares mínimos de gobernanza técnica y sin considerar la capacidad de repago del país.

Es por eso que desde el principal partido opositor consideran que “el FMI, como actor clave en el proceso de financiamiento y reestructuración de la deuda argentina, no puede ser entendido como un mero prestamista, sino como una institución que debe responder por el impacto de sus decisiones sobre la soberanía, los derechos humanos y el desarrollo económico de los países deudores” y proponen limitar el pago al nivel de su cuota, lo que “permitiría al país honrar compromisos razonables, manteniendo al mismo tiempo la estabilidad interna y su desarrollo soberano”.

Según esta propuesta, Argentina debería hacer un reconocimiento de la obligación de pago solo hasta el 435% de la cuota argentina, aproximadamente 19.400 millones de dólares, suspender los pagos sobre los tramos excedentes, realizar una solicitud formal de revisión al FMI, conformar de una auditoría técnico-legislativa independiente que evalúe la legalidad, destino y beneficios del endeudamiento con el FMI desde 2018 hasta la actualidad y presentar el caso ante foros multilaterales y de países deudores, “impulsando una agenda de corresponsabilidad institucional”.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Lucila Entin (@luentin)

About Author

Gimena Fuertes

See author's posts