El modelo económico de la Corte Suprema

Por María Eugenia Cassani (de Justicialismo Económico).-

El 13 de abril se realizó una movilización a Plaza Lavalle, frente al edificio de Tribunales de CABA donde funciona la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN). La consigna fue «democracia o mafia judicial«. Organizaciones sindicales, políticas, asociaciones de víctimas y ciudadanos/as «sueltos» se concentraron allí. Los reclamos eran múltiples, pero con seguridad todos concluían en el pedido de juicio político a los cuatro jueces de la CSJN: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Además de aquella movilización, existe un descontento general respecto del poder judicial, que se traduce en quejas y reclamos cotidianos tales como “el poder judicial no hace nada”, “no hay justicia”, “para qué vas a denunciar si no vas a conseguir nada”, “hacer un juicio es perder plata y tiempo”, entre otras. Es decir: el poder judicial está deslegitimado no sólo para el sector que se movilizó el día 13/4, sino para tantos otros/as anónimos/as que en su día a día sufren la falta de respuesta estatal. Porque al fin y al cabo eso es el poder judicial y de eso se trata la discusión de fondo: del rol del Estado. Y cuando la sociedad exige que el Poder Judicial funcione no toma partido por el “achicamiento del Estado”. Muy por el contrario: pide su intervención en defensa de sus derechos individuales y colectivos.

Antes de seguir, una aclaración: el poder judicial no es uno sólo, aunque lo mencionemos así aquí para facilitar el texto. Hay varios poderes judiciales, según jurisdicción, según fuero. Aquí haremos mención principalmente al nacional y su cabeza, la CSJN. 

Volvamos. Al día siguiente de la movilización que mencionamos, recibimos una noticia triste y alarmante: el dato de una inflación de marzo del 7,7%, la variación mensual más alta en décadas, acumulando además un 21,7% en el primer trimestre del año. Por otro lado, el último índice informado indica que el 39,2% de las personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

Pero… ¿qué tiene que ver el reclamo por una reforma judicial y el juicio político a los supremos con el aumento de precios y de la pobreza? ¿Estamos perdiendo el tiempo cuando movilizamos a Tribunales, en vez de ocuparnos de “lo importante”? La respuesta es no, y veamos por qué. 

Cuando pensamos en «el gobierno», y sobre todo cuando pensamos en «el Estado», nuestra cabeza se detiene siempre primero en el poder ejecutivo y en segundo término en el legislativo. Rara vez incluimos al poder judicial en esa categoría. Analizamos las medidas del PEN, evaluamos las leyes del PL. Las sentencias quedan aparte, cosa de abogados/as, lenguaje extraño, resolución de conflictos entre particulares. Al hacer esto, sin querer, nos ponemos anteojeras que no nos dejan ver la incidencia política cotidiana del Poder Judicial.

Sin embargo, las sentencias son, por definición, actos de gobierno. Los cuatro jueces de la CSJN, sin haber sido elegidos por el voto, tienen una especie de “poder de veto” sobre las decisiones de quienes son electos/as de forma democrática. Han impedido la ejecución de leyes (por ejemplo, la ley de medios), han pretendido impunidad para los genocidas (2×1 en 2017), han puesto en funcionamiento leyes derogadas (caso Consejo de la Magistratura), siempre con objetivos políticos. No son decisiones inocuas. No son meras resoluciones de conflictos entre partes. Marcan el rumbo del país. Son decisiones políticas. Por eso resulta determinante a lo largo de la historia la conformación de la CSJN a la hora de gobernar. 

Históricamente, el fraude, las proscripciones y los golpes militares fueron las herramientas predilectas de los sectores concentrados de poder (riquezas) para limitar o suprimir la voluntad popular. Siempre con el acompañamiento de una parte del poder judicial. Hoy son las sentencias la herramienta preferida para la persecución política y para torcer las decisiones de los poderes representativos. La “guerra jurídica” (lawfare), cuya finalidad última no es otra que la de “destruir el Estado de derecho, porque obstaculiza la creciente concentración de riqueza”.

No es contra una persona. Es contra un modelo, representado por personas. En la última dictadura cívico-militar se secuestró, torturó, desapareció y eliminó a 30.000 personas para modificar el patrón de acumulación del país sin resistencias, desarmando el modelo productivo e implantando un sistema de especulación financiera y reducción de la participación del salario en los ingresos. Hoy la herramienta son las sentencias judiciales. 

Cito el documento leído en la movilización referida antes: “…un entramado entre el poder económico concentrado, los medios hegemónicos y las más altas jerarquías del poder judicial que, de modo coordinado, se lanzaron a demoler las conquistas alcanzadas por nuestra sociedad. En esta tarea asumió un papel preponderante lo que hoy conocemos como el Partido Judicial, que vino a sustituir el rol que, durante décadas, tuvo el partido militar. Los sectores del poder real se volcaron a colonizar el poder judicial para sujetarlo y manipularlo en favor de sus propios intereses. Investido de ese empoderamiento y de la impunidad que sus socios mediáticos le otorgan, no sólo construyeron un modelo de persecución, sino que, a la par, se fue desarrollando una estructura de lógica mafiosa que ha llevado a la justicia argentina a uno de sus momentos más degradantes. Fallos en desmedro de los derechos de los trabajadores, medidas cautelares en perjuicio de usuarios y consumidores, causas judiciales inventadas o amañadas, sentencias ajenas al derecho vigente, prisiones preventivas ilegales, presiones para obtener falsas confesiones de supuestos arrepentidos [… , despliegue de un plan sistemático de espionaje ilegal sin antecedentes en la historia democrática de nuestro país, promiscua relación con grupos económicos, de quienes aceptan dádivas para emitir fallos judiciales en su favor en perjuicio de los intereses de la mayoría de la sociedad, amenazas a abogados para obstruir el ejercicio  del legítimo derecho de defensa”, entre otras. La CSJN, puntualmente, pretende imponerse frente al PEN y al PL “reponiendo leyes derogadas por el Parlamento, inmiscuyéndose -a través de acordadas- en causas judiciales que no llegaron a su conocimiento, alterando el régimen legal de coparticipación federal para favorecer a la fuerza política de su preferencia. Todas decisiones en abierta contradicción con la Constitución Nacional. El asalto al Consejo de la Magistratura por quien venía de votarse a sí mismo como presidente de la Corte no tiene otro objetivo que tratar de consolidar una ‘dictadura de los jueces’”.

Se busca así consolidar una “legalidad de la dependencia” que condicione las decisiones del PEN y PL, sometiendo al país a los especuladores de adentro y de afuera. A 40 años del retorno a la democracia nuevamente se la pone en riesgo mediante decisiones judiciales que anulan la representatividad popular con un objetivo claramente económico: no permitir el avance de un modelo económico de aumento del empleo y redistribución equitativa del ingreso e imponer definitivamente la especulación financiera, la flexibilización laboral y la distribución regresiva como matrices de nuestro sistema económico. 

Cuatro personas, hombres, adultos mayores, elegidos por nadie, decidiendo el rumbo económico de un país. Cuatro firmas versus el voto de millones. La CSJN tomando decisiones que, en la realidad, conllevan un mayor incumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. La Corte avalando el avasallamiento de derechos civiles y políticos. La Corte suprema gobernando, a espaldas de la ley. 

Entonces, ¿hay relación entre las sentencias de la Corte y los datos de pobreza o la suba del dólar? Sí. Las decisiones de la CSJN -y de otros jueces, avaladas en última instancia por ésta- tienen incidencia en el rumbo económico del país. Modifican el destino del presupuesto, el ingreso de los/as trabajadores/as, limitan controles a los sectores económicos concentrados, persiguen a quienes ofrecen resistencia, garantizan la impunidad de los endeudadores, etc. Con esa realidad, vemos que el reclamo en tribunales tiene perfecta lógica. 

Nuestra Constitución y los tratados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22 CN) obligan al Estado a reconocer y hacer efectivos múltiples derechos humanos. Y el Estado, como dijimos al principio, también es el Poder Judicial. Le son exigibles la defensa de los derechos frente a sus vulneraciones (por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda digna, el derecho a un ambiente sano, entre tantos). Le es exigible el derecho al desarrollo.

La cabeza del Poder Judicial Nacional defiende hoy un modelo económico de especulación financiera tendiente a la concentración de riquezas en poquísimas manos y el descarte del resto de la población. Defiende un modelo de endeudamiento para la fuga y hambre, a costa de la propia Constitución que debería hacer respetar. Para garantizar un modelo económico productivo, con distribución progresiva del ingreso la CSJN debe cambiar. Entonces, avanzar en un juicio político a los miembros de la CSJN es parte de la reforma judicial indispensable para garantizar la democracia real (art. 1 CN) y para poder pensar un futuro con independencia económica, soberanía política y justicia social.

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María Eugenia Cassani es abogada de la UBA, secretaria de Derechos Humanos de SITRAJU RA e integrante de Justicialismo Económico.

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