El gobierno de Javier Milei decidió desmantelar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Instituto Nacional del Cáncer (INC), dejando sin acceso a medicamentos esenciales y atención especializada a miles de personas que padecen la enfermedad. La decisión, enmarcada en un fuerte ajuste del Estado, generó un inmediato rechazo por parte de trabajadores de la salud y organizaciones que defienden el acceso a la salud pública.
El programa, que funcionaba desde 2016, garantizaba la provisión de opioides como la morfina y la metadona a pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias con menos recursos. Según denuncias de los propios trabajadores, de los ocho profesionales que formaban parte del equipo, solo dos continúan en funciones, lo que compromete seriamente la continuidad de los tratamientos.
A través de sus redes sociales, la doctora Mariana Pechenik, referente del área, expresó su preocupación: “Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto”, y advirtió que habrá “más pacientes sin recibir atención de personal calificado en cuidados paliativos ni alivio del dolor”. También señaló que el programa cumplía una función clave, no solo en la provisión de medicación, sino en la formación de profesionales y el apoyo a equipos de todo el país.
Este recorte se suma a otras medidas que golpearon el acceso a tratamientos oncológicos. La Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa) alertó que, desde la disolución de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse), centenares de pacientes vieron como se les interrumpió el suministro de medicamentos, y recordó que el año pasado al menos 60 personas fallecieron por esta situación.
Frente a este panorama, trabajadores del Ministerio de Salud y de hospitales nacionales como el Posadas, el Garrahan y el Bonaparte convocaron a una gran marcha el próximo jueves 27 de febrero en defensa de la salud pública. También exigen a los sindicatos del sector que llamen a un paro y lancen un plan de lucha contra el ajuste sanitario impulsado por el gobierno.
La eliminación del Programa de Cuidados Paliativos es una muestra más del avance de un modelo que prioriza la reducción del gasto público por sobre el derecho a la salud. Mientras tanto, miles de pacientes quedan sin la atención y los tratamientos que necesitan para sobrellevar una enfermedad que ya de por sí implica un enorme sufrimiento.
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