En medio de la discusión por la reforma laboral, el Gobierno empuja una avanzada que apunta a dinamitar controles, desregular profesiones estratégicas y achicar marcos de protección en áreas sensibles. Un documento que circuló entre funcionarios expone un proyecto que generó alarma en colegios profesionales y sindicatos, ya que abre la puerta a un reordenamiento a medida del oficialismo.
El capítulo más polémico aparece en la Capital Federal. El borrador incluye cambios que buscan voltear artículos centrales de la Ley 23.187, la norma que obliga a los abogados a matricularse en el Colegio Público de Abogados porteño. Hoy la ley exige “hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”, pero el Gobierno quiere habilitar el ejercicio profesional sin esa inscripción. Ese giro no sólo rompe décadas de regulación: también favorece un esquema que dejaría a los profesionales atados a la discrecionalidad judicial para resolver conflictos éticos y disciplinarios.
La movida ya encendió las alarmas en los colegios de abogados. Representantes del sector remarcan que una desregulación de este tipo empuja a la baja los honorarios, debilita incumbencias y reduce la capacidad de intervenir ante malas prácticas. Además, el plan revive la intención original del DNU 70 de 2023, con el que el Gobierno intentó eliminar organismos colegiados y recortar controles, un intento que la Justicia frenó luego de una fuerte disputa institucional.
El documento también apunta a otras profesiones esenciales. En el caso de los enfermeros, el oficialismo quiere reescribir los requisitos para ejercer, desde la matriculación hasta las funciones específicas. La desregulación alcanzaría además a los agentes de propaganda médica, martilleros y corredores. Un informe interno del propio Gobierno justifica estas decisiones alegando que las matrículas y habilitaciones exigen “imposibles controles y cumplir exigentes requerimientos”, una frase que profundiza el choque con las entidades que regulan estas actividades.
La ofensiva se completa con un recorte directo a derechos laborales históricos. El Estatuto del Periodista pierde normas que ordenan jornada, estabilidad e indemnizaciones especiales. El Estatuto del Viajante de Comercio queda sin sus resguardos sobre comisiones mínimas y condiciones básicas. Y la Ley de Teletrabajo sufre una poda que elimina el derecho a la desconexión, la posibilidad de volver a la presencialidad y la compensación por gastos indispensables como electricidad e internet.
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