El Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral: cómo serán las indemnizaciones

El Gobierno oficializó la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento incluido en la reforma laboral que busca que las empresas constituyan reservas destinadas al pago de indemnizaciones. La medida quedó formalizada a través del Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial.

El nuevo mecanismo estará disponible desde el 1 de noviembre y será exclusivo para empleadores del sector privado. A partir de esa fecha, las firmas podrán realizar aportes mensuales que se canalizarán hacia fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros habilitados específicamente para este fin.

Según la reglamentación, estos vehículos estarán bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y funcionarán mediante cuentas individualizadas, lo que permitirá identificar con precisión los fondos acumulados por cada empresa.

La administración operativa del sistema quedará a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que se encargará de gestionar los aportes y garantizar la trazabilidad de los recursos.

Además, el esquema contempla la posibilidad de trasladar los fondos entre distintos instrumentos autorizados, una opción que quedará sujeta a las condiciones que establezca la CNV.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el FAL “no modificará el régimen indemnizatorio vigente”.

Beneficios para las empresas

El decreto establece incentivos para quienes adhieran al sistema. En concreto, las empresas que realicen aportes podrán acceder a una reducción en las contribuciones patronales por montos equivalentes a lo que destinen al fondo.

A su vez, la normativa deja en claro que, aunque las indemnizaciones podrán abonarse con los recursos acumulados, la responsabilidad de calcular correctamente lo que corresponde a cada trabajador seguirá siendo del empleador.

Impacto y cuestionamientos

Desde la mirada laboral, el FAL introduce un cambio en la lógica del financiamiento de las indemnizaciones, al trasladar parte de ese costo a fondos previamente conformados por las empresas.

Si bien el esquema no altera formalmente el sistema vigente, sectores sindicales advierten que podría implicar una baja en los costos laborales para las firmas a través de beneficios fiscales, sin sumar nuevas garantías para los trabajadores.