La transparencia estadística de la gestión de Javier Milei quedó bajo la lupa tras conocerse un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia que desnuda las razones detrás del congelamiento metodológico del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La «marcha atrás» en la actualización de la canasta no es un error administrativo, sino una herramienta de ajuste fiscal encubierta que golpea el bolsillo de los sectores más vulnerables.
De acuerdo con el documento, esta decisión «no solo afecta al ‘dato’ de inflación, sino también a las partidas del gasto público que actualizan con esta variable como referencia». Al subestimar el aumento real de los precios, el Gobierno logra que los gastos suban menos que los ingresos «solo por razones estadísticas».
Un ahorro basado en la subestimación del hambre
El impacto de esta maniobra es multimillonario. Según las estimaciones de la entidad bancaria bonaerense, «el Estado Nacional se ahorraría casi 5 billones de pesos por la menor actualización de prestaciones sociales» y otros pagos asociados a títulos públicos capitalizables por CER.
Según las estimaciones del Provincia, la diferencia entre los dos índices de precios al consumidor sería de alrededor de 2,7 puntos porcentuales. Entre otros, aclara el informe, «jubilaciones, pensiones y asignaciones ajustan de manera automática por el último IPC conocido, a la vez que los bonos CER varían su capital en base a la misma fórmula».
Para tomar dimensión del ajuste, ese monto representa «poco menos de 0,5% del PBI» y supera el total de los depósitos que el propio Tesoro Nacional tiene en el Banco Central. Es, en los hechos, una transferencia de recursos desde los jubilados y beneficiarios de asignaciones hacia las arcas del Estado para sostener el superávit.
Vivir en 2026 con una canasta de 2004
El informe explica que la metodología vigente (ENGHo 2004-2005) refleja un mundo que ya no existe: donde internet no era masivo y no había servicios de streaming. Al usar esta «foto» vieja, el Gobierno ignora que hoy los servicios (tarifazos mediante) pesan mucho más en el gasto de las familias que hace dos décadas.
Esta distorsión es clave ante los movimientos del dólar: «Alimentos y bebidas, Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar tienen 8 puntos porcentuales más de incidencia en la canasta vieja». Al mismo tiempo, rubros críticos como Vivienda, agua y electricidad, Transporte y Comunicación tienen casi 11 puntos menos de peso que en la canasta moderna de 2017-2018. El resultado es un índice que mide una inflación «dibujada» que no llega a captar el impacto total de los aumentos en servicios públicos.
La caída salarial que el Indec oculta
La consecuencia más cruda de este rezago estadístico se ve en el salario. El reporte advierte que, si se utilizara la metodología actualizada, el deterioro del poder de compra que queda en evidencia sería escandaloso: «La caída del salario real privado registrado entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 pasa de -1,2% a -7,7% con la actualización de canastas».
Esto explica por qué, pese al discurso oficial de recuperación, el pluriempleo y la irregularidad de las deudas familiares están en máximos históricos. El bolsillo no miente: «la pérdida de poder de compra es mayor» de lo que dice el número que celebra el Gobierno. Esto, sin tener en cuenta que las negociaciones paritarias utilizan como base la evolución de precios oficial. Por lo que el Ejecutivo busca que los sindicatos pidan mejoras menores a las necesarias.
Mientras países como Uruguay o Chile utilizan bases de 2022 y 2023, la Argentina de Milei se aferra a un índice de hace 20 años para consolidar un ajuste que, de otra forma, sería imposible de justificar.
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