El Gobierno nacional dio un paso clave en su política de apertura al capital privado y puso en marcha la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía estatal responsable del funcionamiento de las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida fue publicada este jueves en el Boletín Oficial y contempla la venta del 44% del paquete accionario mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras el Estado mantendrá el 51% y el poder de decisión en las áreas consideradas estratégicas.
La resolución, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, se apoya en el artículo 8° de la ley 27.742, que declaró a Nucleoeléctrica “sujeta a privatización” bajo los parámetros de la ley 23.696. El esquema impide que los inversores privados tomen el control total de la empresa y garantiza al Estado la última palabra en cuestiones vinculadas a la expansión de capacidad, la construcción de nuevos reactores o la incorporación de socios estratégicos.
El proceso estará a cargo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que dependerá del Ministerio de Economía y deberá completar el procedimiento en un plazo máximo de doce meses. Además, se implementará un Programa de Propiedad Participada, por el cual el 5% de las acciones será destinado a los trabajadores de la compañía.
En paralelo, la Secretaría de Energía deberá elaborar un inventario de bienes, junto con toda la documentación técnica, societaria y contractual necesaria para concretar la licitación. La valuación del paquete accionario será efectuada por una entidad bancaria pública o, de no ser posible, por organismos internacionales o privados sin relación con los potenciales oferentes.
El proceso de venta se realizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, conforme al decreto 416/2025, mientras que la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial tendrá a su cargo la administración del programa de participación accionaria de los empleados, junto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La resolución también dispone una revisión del estatuto social de Nucleoeléctrica, con el objetivo de adecuarlo a la futura incorporación de capital privado. Según el Gobierno, esta medida forma parte de un plan más amplio de “reconfiguración del sector nuclear”, orientado a atraer inversiones sin resignar el control público de las decisiones centrales en materia energética.
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