El Gobierno fija subas del 2,6% y profundiza la crisis en discapacidad

El Gobierno nacional volvió a quedar en el centro de las críticas tras definir un incremento del 2,6% para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, una cifra que replica la inflación de abril pero que, según denuncian organizaciones del sector, no alcanza para revertir el fuerte atraso acumulado en los aranceles.

La decisión se formalizó mediante la Resolución 517/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, que estableció la actualización de los valores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral correspondientes a mayo. El ajuste se calculó en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec para el mes anterior.

Sin embargo, el porcentaje fijado generó rechazo entre prestadores e instituciones, que vienen reclamando una recomposición más profunda. Señalan que el nomenclador —que define los montos mínimos para tratamientos y servicios— arrastra un retraso significativo producto de reiterados incumplimientos oficiales.

En ese contexto, el reclamo principal apunta a la plena implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), sancionada por el Congreso el año pasado y respaldada en distintas instancias judiciales. Desde el sector también cuestionan la intención del Ejecutivo de impulsar una nueva normativa que, según advierten, podría recortar coberturas y prestaciones vigentes.

El texto oficial firmado por el titular del área, Alejandro Alberto Vilches, establece “una actualización al valor de los aranceles vigentes del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad para el mes de mayo del año en curso, consistente en un incremento del 2,60 por ciento, sin diferencia por tipo de prestación”.

Además, la resolución contempla “un adicional del 20 por ciento sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica”.

El documento también precisa que el cálculo se realizó “sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril de 2026, respecto de los valores oportunamente aprobados mediante la Resolución 41/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad”.

Esa normativa previa había dispuesto un aumento del 3,40% para abril, también atado a la inflación mensual. Para las organizaciones, esta mecánica de actualización no hace más que consolidar la pérdida frente al costo real de los servicios, en un escenario donde los recursos resultan cada vez más insuficientes para sostener la atención.