El Gobierno de Javier Milei redobló su apuesta por la desregulación económica y oficializó el envío al Congreso de un proyecto de ley que apunta a legalizar los dólares no declarados, más conocidos como “dólares del colchón”. La iniciativa, que también incluye una reforma profunda del régimen penal tributario, fue firmada por el Presidente el miércoles por la noche, antes de iniciar su gira por Europa, según confirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: “El proyecto lo firmamos anoche con el Presidente así que fue enviado al Congreso”.
El anuncio de la medida se dio en paralelo a la puesta en marcha del nuevo Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, que permite a personas humanas y sucesiones indivisas pagar el tributo sin tener que justificar consumos ni declarar patrimonio. “Las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, que sean contribuyentes o responsables del Impuesto a las Ganancias, podrán optar por la modalidad simplificada”, establece la normativa.
Aunque en el Congreso aún no confirmaron el ingreso formal del texto, el oficialismo ya desplegó su estrategia para sumar respaldo político. Francos y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron varias reuniones con gobernadores para lograr adhesiones al esquema fiscal. Como resultado, ocho provincias —entre ellas Chaco, Jujuy, Neuquén, Salta, Río Negro, Misiones, San Juan y San Luis— ya firmaron convenios para compartir información tributaria con la Nación. En total, son doce las jurisdicciones que acompañan la propuesta.
“Blindaje” impositivo: lo que plantea el proyecto
El corazón del proyecto, presentado como “Principio de Inocencia Fiscal”, busca revertir la lógica punitivista de la administración tributaria. Así lo explicó el diputado nacional José Luis Espert, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, en una conferencia realizada en Casa Rosada junto al titular del ente recaudador ARCA, Juan Pazo: “El objetivo es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó el ahorro de la maldita casta política para que tenga la posibilidad de formalizar el ahorro sin que lo persigan”.
El texto eleva el piso a partir del cual se considera delito la evasión fiscal, actualmente fijado en $1,5 millones, y acorta los plazos de prescripción de los delitos tributarios de cinco a tres años, siempre que se presenten las declaraciones juradas en término. Según Pazo, la modificación implica una reducción drástica en la litigiosidad: de las 7.000 causas abiertas por evasión simple, solo quedarían vigentes unas 200.
En cuanto al Régimen Simplificado de Ganancias, se establecerá un esquema de liquidación basado exclusivamente en la facturación, sin necesidad de informar consumos ni variaciones patrimoniales. “Es un cambio trascendental en el sistema impositivo argentino”, sostuvo Pazo, y agregó: “ARCA le calculará el monto a pagar del impuesto solo por lo facturado en ese período, sin importar cuánto haya aumentado su patrimonio o consumo personal”.
Además, quienes ingresen al régimen obtendrán inmunidad fiscal hacia el futuro: “Se garantizará que ningún gobierno futuro podrá perseguirlos por su situación patrimonial pasada”, afirmó. “Los argentinos que adhieran podrán usar su plata para lo que quieran sin tener que explicarle nada a nadie”.
Un viraje conceptual
El planteo del oficialismo es explícito: cambiar la presunción de culpabilidad que, según ellos, rigió en materia impositiva durante décadas. Espert fue categórico: “Alguien que compraba 200 dólares era tratado como Al Capone”. Y añadió: “La política armó un circo donde todos los argentinos eran tratados como delincuentes y fueron forzados a infringir la ley para salir adelante”.
El legislador liberal apuntó directamente contra el rol histórico del Estado en la persecución impositiva. “Fue el Estado el que les puso el arma en la mano y el Estado el que apretó el gatillo contra el ciudadano”, disparó. “Eso con nosotros se termina. Esta administración viene a cambiar esta realidad hipócrita”.
Con este proyecto, el Gobierno busca enviar una señal clara a los sectores que mantienen dólares fuera del circuito formal. La medida forma parte del plan de “Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos”, presentado en mayo como una hoja de ruta para desmantelar regulaciones, elevar los montos mínimos para informar movimientos de dinero y dar previsibilidad a quienes busquen blanquear sus fondos.
Advertencia a las provincias
Desde el Ejecutivo insisten en que aquellas jurisdicciones que no adhieran al nuevo régimen perderán el acceso a información clave sobre movimientos financieros y patrimoniales. Según ARCA, quedarían fuera del sistema de consulta sobre consumos por encima de los $50 millones y datos de facturación de contribuyentes.
Por ahora, las provincias que ya firmaron convenios son: Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis y Tucumán.
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