El Gobierno dio de baja Ahora 12 y avanzó con la eliminación de 58 normas clave

El Gobierno profundiza su estrategia de desarme regulatorio y avanzó con la eliminación de 58 resoluciones y disposiciones que intervenían en áreas sensibles como el consumo, las importaciones y la actividad comercial. La decisión se formaliza a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y se inscribe en una política más amplia orientada a reducir la presencia estatal en la economía.

El recorte alcanza programas emblemáticos como Ahora 12 y Cuota Simple, además de normativas vinculadas a la Ley de Góndolas y otros esquemas de control de precios. También quedan sin efecto regulaciones sobre información obligatoria para la venta de productos, mecanismos de autorización para importar y herramientas destinadas a sostener el consumo.

Desde el oficialismo justifican la decisión en la necesidad de ordenar un entramado legal que consideran disperso y obsoleto. En ese sentido, sostienen que «la proliferación normativa ha llevado a la superposición, desactualización y dispersión de normas», lo que genera «una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida».

Menos controles y más mercado

Dentro del paquete de derogaciones aparecen más de 20 normas asociadas al Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), que buscaba contener el precio de la harina y sus derivados. También se eliminan unas 30 disposiciones ligadas a planes de financiamiento en cuotas, que permitían sostener el consumo mediante tasas subsidiadas.

A esto se suman reglas que obligaban a empresas y comercios a brindar información detallada sobre precios, costos o stock, además de trámites vinculados a la importación de bienes. En la práctica, el nuevo esquema reduce los requisitos administrativos para operar, pero al mismo tiempo debilita las herramientas de control estatal sobre posibles abusos o faltantes.

El impacto también alcanza al ámbito educativo privado: las instituciones dejan de estar sujetas a mecanismos de autorización para modificar sus aranceles. A partir de ahora, pueden definir aumentos sin intervención oficial, lo que introduce mayor incertidumbre para las familias frente a posibles subas más frecuentes.

Cambios en la vida cotidiana

El giro hacia un modelo más desregulado se traduce en modificaciones concretas para el día a día. La desaparición de los programas de cuotas implica que el acceso al financiamiento queda atado a las condiciones que impongan bancos y comercios, sin esquemas públicos que amortigüen los costos.

En paralelo, la flexibilización de importaciones facilita el ingreso de productos del exterior, lo que podría ampliar la oferta disponible en el mercado local. Sin embargo, esta apertura también genera presión sobre la industria nacional, que enfrenta mayores dificultades para competir.

La menor carga burocrática aparece como uno de los ejes centrales de la medida, aunque el costo es un Estado con menos capacidad de intervenir en la formación de precios o prevenir situaciones de desabastecimiento.

La “Ley Hojarasca”, el próximo paso

El avance desregulatorio no se detiene en estas decisiones. En el Senado ya obtuvo media sanción la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que propone eliminar o modificar más de 70 leyes vigentes.

El proyecto apunta a simplificar el marco normativo bajo el principio de “máxima libertad”, con la idea de que todo esté permitido salvo lo expresamente prohibido. En ese esquema, se plantea borrar leyes consideradas obsoletas, organismos sin funcionamiento real y regulaciones que, según el oficialismo, interfieren innecesariamente en la actividad económica y la vida privada.

Además, se incluyen revisiones sobre normas vinculadas a controles estatales en distintos ámbitos y el recorte de financiamiento público a determinadas entidades. La iniciativa consolida un rumbo claro: menos Estado y mayor protagonismo del mercado como organizador de la economía.