El Gobierno libertario dio un paso decisivo hacia la desregulación del sistema eléctrico con la Resolución 400/2025, que redefine por completo el funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La medida pone fin al esquema de control estatal vigente desde la crisis de 2001 y busca restablecer un modelo de precios definidos por la oferta y la demanda, con menos subsidios y mayor protagonismo privado.
La Secretaría de Energía presentó el cambio como una “normalización” del mercado, pero en los hechos implica el retorno a un sistema similar al de los años ’90: libre contratación entre generadores y distribuidores, precios marginales y un Estado que deja de operar directamente para limitarse a regular.
Según el texto oficial, el nuevo esquema apunta a “asegurar la libertad de contratación, la transparencia en los precios y la autosuficiencia económico-financiera del sistema”. Sin embargo, el sinceramiento tarifario que se avecina genera inquietud: la eliminación gradual de los subsidios podría trasladar a los usuarios los verdaderos costos de la energía, en un contexto donde los ingresos ya vienen golpeados por la inflación.
Suben las tarifas, bajan los subsidios
Hasta ahora, el Estado cubría más del 60% del costo total de la electricidad mediante transferencias a CAMMESA. Esa red de contención se desarma desde noviembre, cuando los precios del MEM empezarán a calcularse según los costos reales de producción.
“Es un paso inevitable si se busca atraer inversiones y dar previsibilidad al sistema”, reconocen fuentes del sector, aunque aclaran que la transición “deberá ser cuidadosamente calibrada” para no desatar un salto tarifario que agrave el malestar social.
Con salarios rezagados y tarifas congeladas durante años, el impacto del sinceramiento preocupa incluso dentro del oficialismo, que teme que el ajuste eléctrico golpee el humor social antes de que se vean resultados macroeconómicos.
CAMMESA pierde poder y el mercado se abre
La nueva etapa deja a CAMMESA con funciones meramente técnicas: operará como despachante y liquidadora de transacciones, pero sin poder de compra ni administración de contratos. Cada generador deberá adquirir sus propios combustibles, y los grandes usuarios podrán negociar directamente con las empresas proveedoras.
A su vez, se crea un Mercado a Término de Energía y Potencia, donde los actores del sector pactarán libremente precios y condiciones de suministro. El Gobierno fijó incentivos en dólares para sostener la disponibilidad: 1.000 dólares por megavatio mensual para plantas existentes y 9.000 para las nuevas.
Si bien el esquema apunta a reactivar inversiones privadas, especialistas advierten que su éxito dependerá del acceso a divisas, de la estabilidad cambiaria y del cumplimiento de las reglas de juego.
El retorno de un modelo liberalizado
La resolución también distingue entre dos tipos de generación: la Asignada, compuesta por centrales con contratos estatales o binacionales, y la al Spot, integrada por plantas que competirán libremente. En conjunto, este rediseño busca devolver al sistema eléctrico el espíritu de libre competencia que regía antes del colapso económico de 2001.
“Este es el paso más importante en materia de normalización energética desde la privatización de los ’90”, afirman en el sector. Pero incluso los defensores de la reforma admiten que el desafío será sostener la estabilidad social mientras el Estado se retira del financiamiento del sistema.
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