El Frente de Todos propone auditar el final del negociado de Larreta con las grúas

Desde la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, el Frente de Todos propuso auditar el final de la concesión de acarreo para «establecer en qué condiciones se hace cargo el Estado». Los contratos en general, y el de grúas en particular, sufrieron serias observaciones en los informes del organismo que fiscaliza las acciones del intendente Horacio Rodríguez Larreta. No obstante, no consiguió que el Ejecutivo porteño modifique sus políticas hasta ahora.

Luego de la repercusión en los medios de la denuncia pública de varios legisladores del Frente de Todos y del oficialismo porteño, sumado a la difusión del informe de auditoría de parte del auditor general de la Ciudad, Lisandro Teszkiewicz, lograron instalar en agenda la irregular concesión del acarreo en la Ciudad.

Sin embargo, ya en abril del año pasado, la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Mariana Gagliardi, había sacado a la luz que las empresas Dakota SRL y BRD SA seguían operando con un contrato vencido durante más de dos décadas. Sus concesiones iniciales habían sido firmadas en 1991 y debían expirar en 2001.

Un informe de la entidad que preside Gagliardi reveló que en 2016, Dakota y BRD cubrieron el canon anual que tienen que abonar al Gobierno de la Ciudad por la concesión con poco más del 1% de sus ingresos. El mismo detalló que BRD tuvo un ingreso total ese año por $ 57.477.750 como consecuencia de los 76.637 acarreos que realizó, mientras que abonar un canon anual de sólo $ 660.000. Es decir, con el 1,15% de su facturación cubrió el pago anual al Estado.

Dakota ese mismo año realizó 84.919 acarreos, lo que le representó un ingreso de $ 63.689.250. Por ellos tuvo que pagar $ 660.000 de canon anual, el 1,04% del total. En los dos años anteriores los resultados habían resultado muy similares.

El negociado no terminó ahí

En 2007, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rubricó un acuerdo por el que se comprometió a hacerse cargo del 20% del extra en los sueldos de los empleados de ambas empresas. Por este mecanismo entre 2014 y 2016 BDR recibió $ 170.820.033 mientras que Dakota recibió $ 164.590.661.

Cuando la Auditoría porteña emitió el informe sobre la situación de la concesión hasta 2016, desde el bloque del Frente de Todos solicitaron su remisión a la Procuración General de la Ciudad para que investigue la posible comisión de delitos. Sin embargo el larretismo lo impidió a través de la mayoría que tiene en el Colegio de auditores con los votos del PRO y la UCR.

A pesar de eso, al momento de aprobar el informe los auditores sostuvieron en sus conclusiones que: «Los pagos efectuados por el GCBA a las concesionarias en los últimos años muestra un comportamiento creciente en relación a los ingresos que el GCBA obtiene en concepto de multas por mal estacionamiento, llegando los mismos en el año 2016 al 59% en el caso de BRD SA y al 50% en el caso de DAKOTA SA». Es decir que hasta el oficialismo debió admitir que el gobierno porteño orientó cada vez más presupuesto hacia las empresas.

Luego de la presión del frente anti-grúas, que sumó a la izquierda y los partidos conservadores, el Gobierno porteño anunció que dejará sin efecto los contratos irregulares con las dos empresas de acarreo de automóviles. Desde el bloque del Frente de Todos de la Auditoría, Mariana Gagliardi y Lisandro Teszkiewicz reafirmaron: «Creemos que corresponde hacer una auditoría del final de la concesión para establecer en qué condiciones se hace cargo el Estado del servicio y deslindar responsabilidad sobre las irregularidades que pudieran existir«.

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Ezequiel Orlando

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