El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo. El fiscal federal Franco Picardi presentó un dictamen en el que rechazó el pedido de nulidad de todo lo actuado que impulsó Martín Magram, abogado de la familia Kovalivker —propietaria de la droguería Suizo Argentina—. Según el fiscal, los audios donde el exdirector de la agencia, Diego Spagnuolo, habla de un mecanismo de sobornos que terminaba en Karina Milei, son “válidos para iniciar una investigación penal”.
Picardi fue categórico: “Estamos en presencia de un planteo de nulidad absoluta que solo busca entorpecer una investigación en curso sobre hechos que -de momento- resultan ser de especial importancia para la sociedad en su conjunto y, en especial, para un sector poblacional como lo son las personas con discapacidad”.
El fiscal subrayó que los cuestionamientos de la defensa carecen de sustento: “por ser errado, contradictorio, carente de sustento evidencial, y cuyo fin litigioso, únicamente, busca entorpecer el desarrollo de una investigación –incipiente–”. En su escrito, remarcó que los audios cuentan con respaldo de otros elementos independientes, como el testimonio del consultor y dueño de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, quien aseguró que Spagnuolo le había narrado el esquema de pagos indebidos mucho antes de que se filtraran las grabaciones.
En los audios, Spagnuolo detalla cómo operaba la red de retornos en la compra de medicamentos: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores, les dicen que no es más el 5% (de coima) ahora tenés que poner el 8%” y “a Karina le llega el 3%”.
El fiscal también recordó que, tras la difusión de las grabaciones, el Gobierno desplazó a Spagnuolo y a Daniel Garbellini de la agencia e intervino la ANDIS mediante decretos oficiales. “¿Si el propio PEN reconoce y da entidad pública a las informaciones difundidas a partir de dos actos administrativos, qué se espera que haga la justicia penal frente a tales hechos denunciados?”, planteó en su dictamen.
Otro de los puntos centrales fue la discusión sobre el derecho a la intimidad. Frente al argumento de la defensa, Picardi sostuvo que “bajo ningún punto de vista se encuentra afectado el derecho a la intimidad que se alega de forma inconsistente y contradictoria por parte del abogado Martín Magram”. Y agregó que la situación de Spagnuolo podría complicarse: como funcionario público estaba obligado a denunciar los hechos de corrupción que conociera, algo que no hizo.
La investigación se concentra en presuntas maniobras de corrupción entre funcionarios nacionales y laboratorios, con foco en los contratos de Suizo Argentina con la ANDIS. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez, trabaja en la revisión de esas contrataciones y no descarta avanzar sobre otros organismos estatales.
Ahora será el juez Sebastián Casanello quien defina si acepta el pedido de la defensa o si, como pidió el fiscal, la causa sigue adelante.
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