El Gobierno nacional avanzó con un nuevo recorte regulatorio sobre la actividad yerbatera y eliminó normas que durante más de dos décadas fijaron criterios mínimos de calidad para la yerba mate destinada al consumo. La decisión se formalizó mediante una resolución del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que borró sanciones y obligaciones clave en el proceso productivo.
A través de la Resolución 146/2025, el Directorio del INYM dio de baja tres disposiciones centrales y modificó el esquema de penalidades vinculado a las declaraciones juradas. En ese marco, el organismo redefinió su rol y se corrió de la regulación productiva, al limitar su función a controles generales de trazabilidad y salubridad, sin intervenir en el mercado ni en las condiciones de elaboración.
La medida se inscribe en una secuencia de decisiones que el Ejecutivo impulsa desde fines de 2023. En noviembre, el Decreto 812/2025 ya había quitado al INYM la potestad de fijar precios de referencia para la materia prima, lo que dejó el valor de la yerba librado por completo a la lógica del mercado.
Ahora, el cambio más sensible llegó con la derogación de la Resolución 15/2003, una norma que durante años estableció estándares técnicos estrictos y sanciones para quienes no los respetaban. Ese marco regulatorio castigaba, entre otras prácticas, el exceso de palo en la yerba elaborada, la presencia de elementos contaminantes, el incumplimiento del Código Alimentario Argentino y fallas graves en higiene y seguridad.
También prohibía métodos de cosecha considerados perjudiciales, como el uso de machete, el pisoteo del material o el transporte de personas sobre la yerba. Además, regulaba el manejo de semillas, residuos, animales y plagas en las plantas de recepción, así como las condiciones de secanza, estacionamiento y control de humedad.
Con la eliminación de esa resolución, quienes producen yerba mate ya no están obligados a cumplir con esos requisitos durante la elaboración. En los hechos, la decisión habilita procesos de menor calidad y reduce los controles sobre un producto emblemático del consumo popular argentino.
El impacto no se limita a los consumidores. En Misiones, principal provincia productora, el sector arrastra una crisis profunda que se expresa en el abandono de los yerbales y el desarraigo de trabajadores rurales. Sin un precio mínimo garantizado y con menos regulaciones, los pequeños productores quedan expuestos a una mayor concentración y a condiciones comerciales más desfavorables.
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, el INYM sufrió un vaciamiento progresivo de funciones. El mega DNU 70/2023 ya había intentado quitarle atribuciones clave, aunque esa parte de la norma quedó frenada por fallos judiciales en primera instancia y por la Cámara Federal de Posadas. Con decretos y resoluciones posteriores, el Ejecutivo logró avanzar por otras vías y desarmar buena parte del esquema regulatorio histórico.
El resultado es un mercado desregulado, con menos controles técnicos y sin herramientas estatales para sostener precios ni calidad, en un contexto donde la yerba mate sigue siendo uno de los alimentos más consumidos del país.
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