El Gobierno nacional dio un paso clave en su plan de privatizaciones: publicó una resolución que habilita la venta de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuatro represas estratégicas ubicadas en el sur del país. La medida generó alarma en el sector energético y encendió las alertas sobre el futuro de Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse.
La decisión quedó plasmada en la resolución 1569/2025, firmada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y difundida a través del Boletín Oficial. El texto autoriza la venta del paquete accionario completo de las sociedades que administran cada una de las represas, mediante un concurso público abierto a oferentes nacionales e internacionales. Los pliegos estarán disponibles en los portales oficiales de contrataciones, del Banco Mundial y de la Secretaría de Energía.
Detrás de esta avanzada se encuentra el objetivo de sumar divisas a través de la liquidación de activos energéticos, incluyendo ENARS y una porción relevante de Nucleoeléctrica. En paralelo, se multiplican las señales de resistencia política y sindical. Este miércoles se prepara una movilización en Zárate para rechazar el proceso, y en el Congreso buscan maniobras para frenar el proyecto.
Un patrimonio energético en disputa
Las cuatro centrales que el Ejecutivo puso en venta forman parte de la red hidroeléctrica más relevante del país. Alicurá, inaugurada en 1984 sobre el río Limay, genera en promedio 2.360 GWh al año. El Chocón, también en el Limay, alcanza los 3.350 GWh y cumple además funciones de regulación de crecidas y actividades turísticas. Piedra del Águila produce alrededor de 5.500 GWh, mientras que el complejo Cerros Colorados, en el río Neuquén, aporta unos 1.510 GWh y abastece riego, recreación y control de caudales.
Avance sobre Nucleoeléctrica y resistencia
En paralelo a la venta de las represas, el Gobierno habilitó la privatización del 44% del capital accionario de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), tras la aprobación de la Ley de Bases. El Estado retendrá el 51% y el 5% quedará en manos de los trabajadores. La empresa, que genera el 8% de la electricidad nacional, está en la mira del hombre de confianza de Milei para el sector, Demian Reidel, impulsor del Plan Nuclear Argentino.
La decisión detonó una reacción inmediata de gremios y partidos opositores. “LAS CENTRALES NO SE VENDEN”, manifestaron las dos CTA, que convocaron para este miércoles a una caravana desde la rotonda de Atucha hasta Zárate, donde se realizará una concentración en rechazo a las privatizaciones.
Desde el Senado, el jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, intenta bloquear la venta con un proyecto que declare a las hidroeléctricas “inenajenables”. Sin embargo, la cercanía de las elecciones complica la posibilidad de reunir los dos tercios necesarios.
El legislador también señaló la influencia de OpenIA —empresa que la semana pasada anunció una supuesta inversión de US$ 25.000 millones en un centro de datos en el país— detrás de la estrategia de Reidel para el sector energético.
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