El día del cierre de Vialidad Nacional, el Gobierno aprobó una compra millonaria de neumáticos

El Gobierno nacional avanzó con nuevas contrataciones por cifras millonarias justo cuando formalizó la clausura de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). Según consta en documentos oficiales, el 7 de julio el administrador del organismo, Marcelo Campoy —quien ocupó idéntico rol al final del mandato de Carlos Menem— habilitó una licitación para adquirir neumáticos por un monto estimado de 2,4 millones de dólares. La medida se suma a otra compra reciente: un sofisticado sistema de vigilancia y control interno que costará un importe similar.

La licitación publicada contempla un presupuesto de casi 2.900 millones de pesos, al cambio oficial de 1.200 por dólar. Un portavoz de la DNV aseguró que la compra responde a supuestas tareas de mantenimiento aún vigentes, aunque tanto trabajadores como gobernadores cuestionan la paralización casi total de las obras sobre rutas nacionales.

Las dudas se multiplicaron entre empleados y gremios luego de conocerse que días atrás el organismo adjudicó a la firma Elipgo la instalación de cámaras de reconocimiento facial, molinetes, inteligencia artificial y vigilancia satelital por 24 meses. Esa operación se pactó por más de 3.100 millones de pesos.

Para los sindicatos viales, resulta contradictorio que mientras se liquida la estructura estatal se gasten sumas que superarían los 5 millones de dólares entre ambas contrataciones. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales (STV), Graciela Aleñá, criticó que “en la época de (Carlos) Menem se pavimentaban rutas que después pasaban a ser concesionadas”. Según relató, existe un fuerte hermetismo respecto de qué ocurrirá con las tareas de mantenimiento y el destino de los bienes de Vialidad: “No hay nada claro con la continuidad de las tareas. El 1 de agosto debería presentarse en la sede central de Vialidad la gente de Economía. Mientras tanto nos están pidiendo información sobre las máquinas y los vehículos que tenemos. Esta licitación y la otra (del sistema de vigilancia) las hacen cuando ya cierran Vialidad y nadie dice cómo va a ser la reestructuración. Si querían usar esa millonada debió ser para repavimentar o tapar los baches de las rutas que son un desastre”.

Por su parte, Fabián Cattanzaro, dirigente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (Fepevina), también puso en duda el fundamento de estas compras millonarias. “Están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta. Compran neumáticos no sólo para movilidad sino para equipos viales. Hay varias chances: una, que se las traspasen a los concesionarios de las rutas; otra que lo pasen a otros organismos o los cedan a las provincias. No tiene ninguna lógica ni racionalidad más que la de cerrar una compra que vaya uno a saber quién va a usufructuar”, señaló.

La polémica escaló a la Justicia. Aleñá presentó una acción de amparo en el Juzgado Nacional del Trabajo N°23 para frenar el Decreto 461/25 firmado por Javier Milei, al que calificó de “ilegal y arbitrario”. El recurso sostiene que la eliminación de organismos clave compromete derechos laborales y prestaciones esenciales vinculadas a la seguridad vial, la salud pública y la investigación aplicada.

El escrito judicial denuncia que el decreto “aniquila” funciones del Estado protegidas por la Constitución y tratados internacionales. Además, alerta que su ejecución amenaza la continuidad de servicios imprescindibles y genera incertidumbre sobre la estabilidad de técnicos y profesionales.

En paralelo, los gremios estudian avanzar con presentaciones penales por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, bajo el argumento de que la administración de Hacienda retuvo recursos que correspondían por ley a Vialidad, mientras en simultáneo aprobaba contrataciones multimillonarias.

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