El ajuste libertario arrasó con el empleo científico en la Argentina. A casi dos años de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, más de 5.100 trabajadores del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación quedaron fuera del circuito laboral, según un estudio del Grupo EPC-CIICTI, especializado en el seguimiento del sector.
De ese total, 4.481 despidos corresponden a organismos nacionales y otros 711 a empresas públicas vinculadas a la tecnología, como FADEA, ARSAT o Nucleoeléctrica. El Conicet encabeza la lista de los más golpeados: perdió 1.912 empleos, seguido por el INTI y el INTA, que también redujeron drásticamente su planta. En paralelo, áreas clave como la Secretaría de Innovación o la Agencia de Promoción Científica operan con el 40% menos de personal.
“Una política de aniquilación”
El biólogo molecular Alberto Kornblihtt, reciente ganador del premio Bunge & Born, es una de las voces más firmes contra lo que él define como un “cientificidio”. En diálogo con Tiempo Argentino, explicó:
“Cuando antes había un montón de gente buscando hacer el doctorado en Argentina, hoy eso disminuyó porque la gente se da cuenta que no va a poder sobrevivir con un sueldo de 800 mil pesos full time. Y que tampoco los grupos a los que podría entrar tienen financiamiento. Jóvenes que se van hay muchísimos. Senior es más difícil, porque tienen establecida su familia acá”.
Kornblihtt aseguró que la política oficial constituye un “paquete de aniquilación” destinado a desmantelar el Estado:
“Cuantitativamente es mucho peor. En la actualización de las becas y salarios es peor, en la anulación de los desembolsos de los subsidios es peor, en el corte total del ingreso a la carrera de Conicet es peor y en la pérdida de poder adquisitivo de becas y salarios es peor. Creo que es un paquete de aniquilación que forma parte de la destrucción del Estado que se propone Milei”.
El investigador señaló además que los ataques discursivos del oficialismo contra el sector, como las burlas sobre el “Ñoquicet”, responden a una estrategia ideológica:
“Ellos saben que la comunidad científica no los avala y deambulan por el camino del recorte y la discriminación ideológica. No sabemos qué científicos los asesoran: creo que no hay. Creo que son funcionarios liquidadores”.
Laboratorios al borde y universidades sin recursos
El deterioro se siente en los institutos más emblemáticos del país. En el Malbrán, los trabajadores de ATE denunciaron un recorte salarial del 45%, un ajuste presupuestario del 26% y una reducción del 15% del personal. “El 42% del personal está por debajo de la línea de pobreza”, advirtieron en un comunicado, y alertaron que esa situación “pone en riesgo la salud de la población”.
En la Facultad de Agronomía de la UBA, el panorama no es distinto: entre 2023 y 2025 renunciaron 77 docentes y 25 se jubilaron anticipadamente, lo que implica una caída del 15% en la planta. La decana Adriana Rodríguez reveló que las becas de posgrado bajaron de 48 a 15 y que los subsidios de investigación desaparecieron:
«El 40% de los docentes que renunciaron manifestaron motivos económicos o salariales. Es urgente garantizar los recursos para sostener la universidad pública».
Privatización y parálisis nuclear
El plan de privatizaciones impulsado por el Gobierno también avanza sobre el área nuclear. El proyecto CAREM, símbolo del desarrollo nacional en energía atómica, quedó paralizado.
“Públicamente ellos nunca dicen que frenaron la obra pero, en la práctica, tiene cero presupuesto ejecutado desde el octubre del año pasado”, explicó Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Desde la Mesa Federal por la Ciencia y la Tecnología expresaron su “rechazo absoluto” a la venta parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., una empresa superavitaria clave para el desarrollo tecnológico local.
Un país que se aleja del conocimiento
El informe del Grupo EPC-CIICTI advierte que Argentina retrocede en comparación con los países desarrollados: cuenta con apenas tres investigadores cada mil habitantes, mientras que las naciones de la OCDE llegan hasta 17.
El paleontólogo Sebastián Apesteguía, investigador principal del Conicet, sintetizó el problema con crudeza: «Claramente estamos viendo a un gobierno que está apostando a que la ciencia la hagan otros, que no tengamos nada que ver con la realización de las ciencias, que simplemente compremos los productos que hacen otros».
Y concluyó: “Un país no puede ser soberano e independiente sin ciencia propia. No hay modo. Si se tiene que pagar por todo, y encima no tenemos el dinero para pagarlo, estamos sonados. Nos apartamos del futuro. Así de simple.”
