19 de enero de 2025

El aviso de Patricia Bullrich a los mapuches: «El que usurpa pierde derechos»

El Ejecutivo trabaja con jueces para agilizar desalojos en zonas conflictivas del sur y el norte del país, según anunció la ministra.

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, destacó el operativo realizado en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, donde se desalojó a una comunidad mapuche. Según la funcionaria, esta acción representó una «recuperación de territorio para la sociedad argentina». Con un mensaje claro, advirtió que quienes ocupan tierras de manera ilegal perderán cualquier posibilidad de reclamarlas.

«La Constitución Nacional garantiza el acceso a la tierra para las comunidades indígenas, pero esto debe hacerse mediante el diálogo y la negociación, no a través de la usurpación ni de actos de violencia», sostuvo Bullrich.

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En su discurso, la ministra vinculó esta situación con otros conflictos sociales y afirmó que «así como el que corta una calle no cobra planes sociales, el que usurpa tierras tampoco podrá acceder a ellas legalmente».

Bullrich criticó las acciones de algunos grupos, señalando episodios donde se registraron bloqueos de caminos, cobro de peajes y enfrentamientos violentos. «Estas prácticas no afectan solo a las comunidades locales, también generan un problema para el orden en todo el país», afirmó con firmeza.

Además, aseguró que el Gobierno mantiene contacto con los jueces que llevan adelante causas de desalojos, buscando avanzar en la recuperación de las tierras ocupadas de manera ilegal. «Este conflicto no se concentra únicamente en el sur. En el norte también hay situaciones similares, y vamos a avanzar para resolverlo», agregó.

Bullrich recordó los operativos iniciados en 2016 contra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y señaló que, aunque se logró desarticular a gran parte del grupo, quedaron sectores que optan por métodos violentos en lugar de buscar acuerdos pacíficos.

La ministra cerró su mensaje afirmando que cualquier diálogo sobre el acceso a la tierra se canalizará a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), dejando en claro que la única vía aceptable será el cumplimiento de la ley.

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