El ajuste sale caro: desde el inicio de la gestión de Milei, el costo de seguros de desempleo aumentó 563%

El presupuesto nacional de 2025 destinado al pago de seguros de desempleo es de $ 312.135 millones, de los que ya se devengaron $ 273.778 millones. Al inicio de la gestión actual de gobierno (para diciembre de 2023) los recursos asignados al cubrir esta ayuda económica ascendían a los $ 47.092 millones, lo que implica un incremento del 562,8% en el periodo señalado.

La página web oficial del Ministerio de Capital Humano explica que este seguro “es una herramienta a través de la cual se propone contrarrestar la caída abrupta de ingresos generada por la pérdida involuntaria del empleo, reducir el riesgo al desaliento y ayudar a la búsqueda y selección de un nuevo trabajo”.

El seguro está dirigido a trabajadores asalariados registrados, legalmente despedidos “sin justa causa o por fuerza mayor, o bien que hayan perdido su trabajo por quiebre de la empresa en la que trabajaban; y a trabajadores detectados como no registrados en acciones de fiscalización del Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT) y posteriormente despedidos”, aclaran. Incluye una suma de dinero mensual y cobertura médica. El monto a pagar se define en base al salario del trabajador, pero tiene un tope máximo que se calcula en base al Salario Mínimo Vital y Móvil: para noviembre el mínimo es de $ 161 mil y el máximo de $ 322 mil.

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Caída del empleo público y privado

Desde el cambio de gestión se perdieron 59.802 puestos en la administración pública nacional y, desde noviembre de 2023 a septiembre de 2025, la cantidad de empleos privados registrados cayó en 126.900 puestos. A la par, subrayan desde el Instituto Argentina Grande, crece la cantidad de monotributistas (6% en ese periodo): “el nivel de actividad viene siendo ‘empujado’ para arriba por tres sectores: intermediación financiera, agro y minería, sectores que emplean poca mano de obra”. Por eso, agregan, “la cantidad de trabajadores registrados (que se concentran en industria y comercio) no creció a pesar del repunte de la actividad de fines y principios de este año”.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalló que, entre las empresas estatales, el caso más significativo es el del Correo Argentino: encabeza el listado con 5.118 despidos. “En términos proporcionales, el recorte más drástico se dio en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 80% del personal. Le sigue ENARSA Patagonia, y luego los casos de Educar S.A. y Contenidos Públicos S.E., que también presentan reducciones especialmente significativas”.

El proyecto de ley de reforma laboral presentado por la diputada oficialista Romina Diez –que tomó como punto de partida las modificaciones propuestas por el Gobierno en el decreto 70 de 2023 que suspendido por la Justicia– contempla la posibilidad de que el sector público cubra los aportes patronales por 18 meses de los trabajadores estatales que sean contratados por el sector privado registrado. Sin embargo, ante el despido de cientos de miles de empleados y si no repunta la actividad económica, “¿quién podría contratar a esos trabajadores?”, se pregunta el informe citado. “Hoy el sector privado registrado expulsó a más trabajadores de los que expulsó el sector público nacional”.

Para 2026 el proyecto de presupuesto prevé destinar otros $ 363.258 millones a esta asistencia a personas desempleadas: un incremento del 671,3% respecto a 2023. Se contempla que serán, en 2026, 99 mil las personas que recibirán la compensación por haber perdido el empleo por razones de fuerza mayor o quiebre de las empresas: cabe recordar que es una ayuda económica que tiene una duración máxima de un año, prorrogable por seis meses más en algunos casos concretos.

Para 2023 el presupuesto preveía el pago de 47 mil seguros. Ya en 2024, la gestión de Milei estimó entregar 75 mil beneficios, mientras que en el presupuesto 2025 (que finalmente tampoco se aprobó) se proyecta el pago a 161 mil personas. El desempleo, al menos en términos presupuestarios, se prevé alto: se estima que lo recibirán 110 mil personas más que en 2023.

Más gasto en seguros de desempleo y en asistencia social

Las políticas de ajuste y aumento del desempleo también generaron un aumento del gasto social. De acuerdo con una investigación realizada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) el 74% de las personas que viven en barrios populares recibe algún tipo de asignación estatal y cerca del 60% depende de la asistencia a comedores.

“Esta combinación evidencia una alta dependencia de redes de apoyo comunitario y transferencias sociales estatales para garantizar la subsistencia diaria, reflejo de una inserción laboral precaria o inestable”, afirman. En algunos barrios, este porcentaje alcanza el 90%.

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Agustina Bordigoni

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