Economistas rechazan los cambios que Milei busca aplicar en el Banco Central

El Gobierno avanza con el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una iniciativa que el presidente Javier Milei presentará ante legisladores oficialistas y que busca redefinir el rol de la autoridad monetaria. La propuesta generó cuestionamientos de economistas y exfuncionarios, quienes advierten que la reforma reduciría significativamente las facultades del organismo para intervenir frente a escenarios de inestabilidad.

La iniciativa oficial apunta a modificar la ley vigente desde 2012 y establecer como objetivo exclusivo del BCRA la preservación del valor de la moneda. En ese marco, también plantea prohibir de manera expresa la asistencia financiera al Tesoro mediante emisión monetaria, incluso contemplando sanciones penales para quienes incumplan esa restricción.

De concretarse, el Banco Central dejaría de tener entre sus funciones la promoción del empleo, el desarrollo del crédito y el aporte al crecimiento económico, atribuciones incorporadas en la reforma impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El cambio implicaría un giro hacia un esquema de banca central con un mandato limitado al control de la inflación, similar al de algunos países con organismos de mayor autonomía respecto del Poder Ejecutivo. En contraste, la legislación actual contempla un abanico más amplio de objetivos y habilita mecanismos acotados de financiamiento al Estado.

Críticas al proyecto oficial

El expresidente del BCRA Alejandro Vanoli defendió el esquema vigente y aseguró que «tener un mandato múltiple, como se incluyó en la reforma del 2012, te alinea con las dos potencias planetarias que pueden conciliar una inflación baja con crecimiento, que son Estados Unidos y China. Por el contrario, la Unión Europea viene de 20 años de estancamiento por tener un banco central que solo se preocupa por la inflación».

Además, recordó que «la Carta Orgánica actual tiene un límite para el financiamiento al Tesoro, que es el 10% de la recaudación y un 12% de la base monetaria», y advirtió que «la ausencia de financiamiento que hubo en la Convertibilidad terminó en que haya que emitir cuasimonedas porque no había liquidez». «No hay que ser dogmático. En el mundo, cuando hay una crisis, los países tuvieron que salir a emitir moneda y a cambiar las normas, como pasó en la crisis de 2008-2009», agregó.

Por su parte, el ex titular del Banco Nación Eduardo Hecker sostuvo que «limitar al BCRA solo a la función de estabilidad de la moneda, que sin duda es una de las atribuciones que tiene que tener, es disminuir su capacidad de fuego«.

También explicó que podrían presentarse situaciones en las que resulte necesario «modificar la tasa de interés ante una situación de estancamiento» o intervenir «ante un exceso de entrada de dólares para evitar la ‘enfermedad holandesa'». A su vez, remarcó que una reforma aprobada por ley condicionaría futuras administraciones al momento de modificar nuevamente esas facultades.

Un exfuncionario del área económica que prefirió mantener su identidad en reserva también cuestionó la incorporación de sanciones penales y afirmó: «no hay que cambiar ningún Código Penal. Si se cambia la ley y se incumple es incumplimiento de deberes de funcionario púbico y abuso de autoridad«.

Además, advirtió que el proyecto limitaría la capacidad del Banco Central para responder ante problemas de liquidez en el sistema financiero, intervenir en el mercado de títulos o asistir a entidades financieras durante episodios de crisis.

En la misma línea, el economista Martín Kalos consideró que restringir los objetivos del organismo no garantiza un mejor desempeño en materia inflacionaria. «Hay bancos centrales que funcionan bien con dualidad de objetivos y otros que funcionan mal con solo uno», señaló.

Kalos también sostuvo que «no es cierto que lo único que se necesite para que no haya inflación es controlar la emisión monetaria», por lo que, a su entender, la reforma «no aporta a la solución del problema». Además, afirmó que el debate debería centrarse en alcanzar acuerdos políticos sobre la conducción de la economía antes que en modificar el diseño institucional del Banco Central.