La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires volvió a sesionar este jueves y dejó una serie de proyectos vinculados a distintas formas de vulneración de derechos. En una jornada atravesada por los debates sobre discriminación, violencia digital, discapacidad y acceso a prestaciones, uno de las iniciativas que mayor discusión generó fue la impulsada por el vicepresidente primero del cuerpo, Alexis Guerrera, para establecer un marco provincial destinado a prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de discriminación.
El proyecto fue aprobado por Diputados y ahora deberá ser tratada por el Senado bonaerense. La propuesta busca promover y garantizar el principio de no discriminación, pero también prevenir, sancionar y eliminar las distintas formas de discriminación, con políticas públicas orientadas al respeto por la diversidad, el acceso a la Justicia y la erradicación de la xenofobia y el racismo.
La normativa impulsada por el legislador del Frente Renovador parte de una consideración central: la legislación nacional vigente en la materia data de 1988 y, según los fundamentos de la iniciativa, quedó desactualizada frente a las nuevas formas y situaciones de discriminación que atraviesan la sociedad. Por eso plantea que la Provincia cuente con herramientas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad.
Qué cambia con el proyecto de Guerrera
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa es la ampliación de los motivos que pueden configurar un acto discriminatorio. El texto incorpora, entre otros, el color de piel o etnia, el origen nacional y social de nacimiento, la situación migratoria, el idioma o variedad lingüística, la edad, el estado civil, la situación y responsabilidad familiar, el trabajo u ocupación, la discapacidad, las características genéticas, la capacidad psicofísica y la salud física, mental y social, la situación socioeconómica, los antecedentes o situación penal y los hábitos personales, sociales o culturales.
El proyecto también contempla como conductas discriminatorias aquellas acciones u omisiones que, mediante patrones estereotipados, insultos, ridiculizaciones, humillaciones, descalificaciones o determinados mensajes y símbolos, reproduzcan situaciones de dominación, desigualdad o exclusión.
El carácter discriminatorio, además, no dependerá de que quien realiza la conducta la perciba como tal. La iniciativa establece que tampoco será determinante que el motivo que originó la conducta coincida necesariamente con una característica de la persona afectada.
Pero el aspecto que puede tener mayor impacto concreto para quienes recurran a la Justicia es el referido a la carga dinámica de la prueba. El texto establece que, una vez que la parte actora acredite los hechos denunciados y su pertenencia a un grupo históricamente discriminado, se presumirá la existencia de un acto discriminatorio. A partir de allí, corresponderá a la parte demandada demostrar que su conducta tuvo una justificación objetiva y razonable y que no vulneró el derecho a la igualdad.
El planteo apunta así a una de las dificultades más frecuentes en este tipo de denuncias: la probatoria. Durante el debate, Guerrera sostuvo que muchas veces las víctimas quedan obligadas a probar situaciones que resultan particularmente difíciles de acreditar y que, como consecuencia, denuncias por discriminación terminan sin una respuesta efectiva.
“Sin igualdad real no hay ciudadanía plena, no hay comunidad posible”, sostuvo el dirigente del Frente Renovador al defender la iniciativa. El diputado también ubicó el proyecto en el actual contexto político y social. Señaló que existe una “bajada política” que busca naturalizar la discriminación y puso el foco en la proliferación de discursos de odio, señalamientos y expresiones discriminatorias en el espacio público y en las redes sociales.
El legislador también vinculó la discusión con el actual escenario político y social y cuestionó la naturalización de discursos discriminatorios en redes sociales y en el espacio público. En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de aceptar como normales expresiones que comienzan con el señalamiento o la humillación de determinados colectivos.
En su discurso, Guerrera lamentó que actualmente “hay un sector de la política argentina que viene militando fuerte para poner al racismo o la discriminación de moda” y que “lo dicen en sus redes sin sonrojarse, lo dicen a micrófono abierto sin escuchar que posteriormente se retracten”. En ese sentido, planteó que la discusión excede la sanción de una norma: se trata también de establecer un límite político y social frente a la naturalización del destrato, la humillación y la discriminación.
La discusión sobre discriminación, además, dialogó durante la sesión con otro de los grandes ejes de la jornada: la violencia digital.
La “Ley Ema” y la violencia digital en las escuelas
Diputados dio media sanción al proyecto conocido como “Ley Ema”, presentado por Mayra Mendoza, que establece lineamientos para la prevención, detección y abordaje integral de la violencia digital en todos los niveles del sistema educativo bonaerense.
La iniciativa toma como referencia el caso de Ema, una adolescente que en agosto de 2024 se quitó la vida luego de atravesar una situación de violencia vinculada con la difusión no consentida y viralización de imágenes íntimas en el ámbito escolar. Su madre, Laura Sánchez, acompañó el debate desde los palcos y viene impulsando junto a organizaciones de la sociedad civil la construcción de herramientas para prevenir situaciones similares.
El proyecto define como violencia digital toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada mediante tecnologías de la información y la comunicación que cause daños físicos, psicológicos, sexuales, económicos, patrimoniales o morales. Incluye expresamente la difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento, la extorsión y la suplantación de identidad.
También incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación Provincial y establece protocolos específicos para que las instituciones sepan cómo actuar ante estas situaciones: garantizar el cese de la vulneración, resguardar las pruebas y acompañar a las víctimas mediante los Equipos de Orientación Escolar.
A eso se suma una capacitación obligatoria para el personal del sistema educativo. La discusión dejó así planteada una cuestión que excede el funcionamiento de las redes: qué herramientas tienen hoy las escuelas para intervenir cuando una situación de violencia digital impacta directamente sobre sus estudiantes.
La propia Sánchez en diálogo con este medió resumió uno de los desafíos que atraviesa este tipo de legislación: “Por más que una ley se apruebe o no, por supuesto queremos que sea ley, pero si no la militamos, si no la llevamos al territorio, las leyes no se efectivizan”.
Protección de las imágenes de niños y adolescentes
En la misma línea de prevención, Diputados aprobó el proyecto de Luciana Padulo para regular el uso de imágenes de niños, niñas y adolescentes por parte de las instituciones educativas. El objetivo es establecer mayores recaudos sobre las publicaciones realizadas desde las cuentas institucionales de los establecimientos educativos y reforzar la protección de los menores.
La iniciativa establece que los establecimientos deberán adoptar un formulario de autorización para las publicaciones que impliquen el uso de imágenes en redes sociales. Ese formulario deberá contemplar alternativas como el pixelado de los rostros, la distorsión de la voz y el ocultamiento de otros signos identificatorios.
El proyecto apunta específicamente a las redes sociales de las instituciones educativas y busca establecer mayores recaudos sobre la exposición pública de los menores. Padulo sostuvo durante el debate que las escuelas deben contar con herramientas específicas para proteger a los chicos frente a los riesgos que implica la exposición de imágenes en redes.
Dos leyes para ampliar derechos de las personas con discapacidad
La Cámara también convirtió en ley dos iniciativas vinculadas con las personas con discapacidad. Una de ellas establece la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 26.816, que creó el Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad y su decreto reglamentario.
El régimen contempla tres modalidades: Talleres Protegidos Especiales para el Empleo, Talleres Protegidos de Producción y Grupos Laborales Protegidos, con el objetivo de promover el desarrollo laboral de las personas con discapacidad. Durante el tratamiento, la diputada Margarita Recalde señaló que sólo el 5% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo registrado.
La segunda adhesión corresponde a la Ley Nacional 24.901, que regula el Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral. La norma busca garantizar en territorio bonaerense prestaciones reconocidas a nivel nacional y establece además la creación de un Comité de Seguimiento encargado de controlar su cumplimiento. Las dos iniciativas fueron aprobadas con amplio consenso y acompañadas desde los palcos por organizaciones vinculadas con la discapacidad.
Personas en situación de calle: otra iniciativa que se convirtió en ley
Durante la misma sesión también se convirtió en ley el proyecto del senador Federico Fagioli destinado a garantizar de manera integral los derechos de las personas en situación de calle y de aquellas que se encuentran en riesgo de estarlo.
La norma plantea políticas públicas multidimensionales y coordinadas en todo el territorio provincial, con participación de los gobiernos locales. El Poder Ejecutivo deberá desarrollar programas y acciones de protección y asistencia destinados a estas personas.
Una sesión atravesada por la aplicación efectiva de los derechos
La batería de proyectos tratados durante la jornada tuvo como denominador común la búsqueda de herramientas concretas frente a situaciones de vulnerabilidad. Aunque abordaron problemáticas diferentes, buena parte del debate legislativo tuvo un punto en común: la necesidad de que el reconocimiento de derechos esté acompañado por mecanismos concretos para hacerlos efectivos.
En discapacidad, esto aparece en la creación de un Comité de Seguimiento y en el acceso a prestaciones y empleo protegido. En la ley Ema, mediante protocolos escolares, preservación de pruebas y capacitación. En la protección de imágenes, a través de autorizaciones y mecanismos para reducir la exposición de menores. Y en el proyecto de Guerrera, mediante herramientas judiciales, administrativas y de reparación destinadas a que una persona que sufrió discriminación tenga un camino concreto para reclamar.
La Cámara bonaerense cerró así una sesión en la que la discusión sobre derechos estuvo atravesada, también, por una pregunta sobre la capacidad del Estado para intervenir frente a problemas que ya forman parte de la vida cotidiana: la discriminación, las redes sociales, la violencia digital, la discapacidad y la vulnerabilidad social.
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