Mientras el discurso público sigue exaltando la asistencia social como uno de los motores que «contuvo la pobreza», el Gobierno de Javier Milei ya selló con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo que compromete una poda en los programas sociales clave, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las pensiones por discapacidad. El ajuste, sin embargo, quedará reservado para después de las elecciones legislativas de octubre.
La medida aparece en el último documento técnico firmado con el organismo internacional y aprobado el 1° de agosto. Según ese texto, se aplicarán nuevas condiciones de acceso a través de «controles mejorados de elegibilidad» y la creación de un «registro social único» previsto para diciembre de este año. El objetivo declarado es fiscal: el FMI exige al Gobierno un «esfuerzo adicional de 0,3 puntos porcentuales del PBI» para alcanzar un superávit del 1,6% del producto.
Aunque no hay precisiones sobre si el recorte afectará solamente a nuevos ingresos o si también se depurará el padrón actual, el lenguaje del acuerdo parece inclinarse por lo segundo. Se habla de «mejorar la focalización» y «aumentar la eficiencia», eufemismos habituales en los procesos de exclusión encubierta. “Mejoras de eficiencia en los programas sociales, gracias a controles mejorados de elegibilidad para las pensiones por discapacidad y la Asignación Universal por Hijo (AUH), que se ven facilitados por la integración de diversos conjuntos de datos sociales en un único registro social”, detalla el acuerdo.
Una base de datos para seleccionar quién cobra
El documento menciona como herramienta clave la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS), un compendio de datos que depende del Ministerio de Capital Humano y que actualmente procesa estadísticas sobre pobreza, trabajo, educación, salud y vivienda. Según la información oficial, esta plataforma “brinda una visión global de la situación socioeconómica a nivel nacional” y “se actualiza la primera semana de cada mes”. No obstante, su última actualización pública data de mayo de 2024.
El Gobierno proyecta que este sistema se transforme en el soporte técnico para aplicar nuevos criterios de acceso, con la colaboración del Banco Mundial. En palabras del propio acuerdo, el objetivo es “completar la integración de las bases de datos administrativas pertinentes en un único registro social (…) para mejorar la focalización y la eficiencia del apoyo social”.
Desde Economía, no obstante, intentaron relativizar el alcance del recorte. Fuentes consultadas por El Destape afirmaron que “no dice que hay que ajustar la cantidad de beneficiarios” y que “no se habla de ajuste”, aunque no ofrecieron una interpretación alternativa.
Discapacidad y veto presidencial
El texto también explica por qué Milei decidió vetar recientemente la Ley de Emergencia en Discapacidad. La norma, aprobada en el Congreso, implicaba un aumento presupuestario de entre 0,25 y 0,48 puntos del PBI para cubrir nuevas pensiones no contributivas por discapacidad. En línea con el nuevo rumbo que marca el acuerdo con el FMI, el Ejecutivo prefirió evitar ese gasto adicional.
“Continuaremos nuestros esfuerzos para reducir los subsidios energéticos, asegurando una adecuada recuperación promedio de costos para la electricidad, y para mejorar la focalización, la gobernanza y la eficiencia de los programas sociales”, expresa el “Memorando de Políticas Económicas y Financieras” que forma parte del mismo acuerdo.
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