Desempleo como política de Estado: despidieron a 120 trabajadores de peajes

El proceso de privatización de corredores viales nacionales sumó un nuevo capítulo con la desvinculación de 120 empleados que prestaban servicios en la Ruta Nacional 226, una de las trazas que próximamente quedará bajo administración privada. La decisión fue adoptada por la empresa estatal Corredores Viales y afecta principalmente a trabajadores vinculados al peaje de Hinojo, en el partido bonaerense de Olavarría.

La medida se conoció pocas semanas después de que el Gobierno nacional adjudicara un nuevo paquete de rutas a un grupo empresario integrado por las constructoras Concret Nor, Marcalba, Pose y Coarco. El consorcio tendrá a su cargo durante los próximos 20 años la explotación de la Ruta 226, además de otros corredores estratégicos como las rutas nacionales 3 y 205 y la autopista Riccheri.

Según trascendió, la futura concesión contempla la implementación de sistemas de cobro automatizado, lo que reduciría la necesidad de personal en las estaciones de peaje.

Los despidos no se limitaron a quienes trabajaban en las cabinas de cobro. También alcanzaron a empleados de áreas vinculadas a emergencias viales, servicios de grúas, soporte técnico, maestranza y control de balanzas, ampliando el impacto de la medida sobre distintas funciones operativas.

«Nos indemnizaron y el 30 de este mes nos vamos todos a nuestras casas», expresó uno de los trabajadores afectados en declaraciones a medios locales.

La mayoría de los cesanteados reside en Olavarría, donde la noticia provocó cuestionamientos desde sectores políticos de la oposición. Concejales del bloque Fuerza Patria señalaron que la situación se enmarca en un escenario más amplio de pérdida de empleo en la ciudad.

«Este hecho no es aislado: forma parte de una política que ya provocó más de 3.000 despidos en Olavarría durante la gestión de Javier Milei», afirmaron desde ese espacio político. Además, advirtieron que la privatización «no sólo pone en riesgo los puestos de trabajo actuales, sino que tampoco garantiza obras significativas en rutas».

Cuestionamientos por las obras previstas en las nuevas concesiones

Mientras avanza la transferencia de corredores viales al sector privado, organizaciones de usuarios y sectores opositores vienen manifestando dudas sobre el alcance de las inversiones comprometidas en los contratos adjudicados.

Las críticas apuntan a que, en algunos corredores ya concesionados, las intervenciones realizadas hasta el momento se limitaron a tareas de mantenimiento básico y reparación de baches. En tanto, para los tramos recientemente adjudicados, los pliegos contemplan principalmente trabajos de conservación y corte de pasto.

En el caso de la Ruta Nacional 226, la licitación establece la ejecución de poco menos de 56 kilómetros de obras bajo el esquema denominado «ruta segura», en el tramo comprendido entre los empalmes con las rutas 55 y 22. Sin embargo, ya está prevista la incorporación de nuevas estaciones de peaje, una decisión que también genera debate entre usuarios y dirigentes locales.

El avance de las concesiones privadas se produce en un contexto marcado por reclamos sobre el estado de numerosas rutas nacionales y por la discusión en torno al equilibrio entre las inversiones comprometidas, el valor de los peajes y la preservación de los puestos de trabajo vinculados a la actividad vial.