En la recta final de la campaña bonaerense, la candidata peronista Fernanda Raverta salió a cuestionar al jefe comunal de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, por contratos municipales con la droguería Suizo Argentina, la misma empresa que quedó en la mira de la Justicia tras los audios de coimas ligados a la Agencia Nacional de Discapacidad.
El Frente Fuerza Patria buscó bajar al plano local las denuncias que golpean a Javier y Karina Milei. Raverta expuso que el municipio adjudicó este año compras por unos $230 millones a la proveedora de insumos médicos, lo que despertó sospechas en torno a los vínculos políticos y económicos.
“La misma que aparece en los audios de las coimas, la misma del negocio libertario. ¿Será que el famoso 3% de Karina Milei también lo pagan los marplatenses mientras la ciudad está cada vez más abandonada?”, expresó la dirigente, poniendo en duda el destino de esos fondos.
Los contratos incluyeron medicamentos para el CEMA, materiales de enfermería y artículos descartables como guantes y catéteres, todos destinados al sistema sanitario municipal.
Desde el Palacio Municipal no hubo respuestas directas a la acusación y, ante la consulta de medios locales, funcionarios confirmaron que no harán declaraciones. Montenegro sí tomó la palabra en canales nacionales, alineado con la estrategia de la Casa Rosada, donde calificó de “mentiras” los audios que comprometen a Spagnuolo y a la droguería.
En Mar del Plata, Montenegro le adjudicó $230 millones a Suizo Argentina S.A., la droguería del escándalo.
— Fernanda Raverta (@FerRaverta) September 2, 2025
La misma que aparece en los audios de las coimas, la misma del “negocio” libertario.
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El juez federal Sebastián Casanello continúa con la investigación sobre la presunta red de sobornos, mientras los directivos de la droguería intentan cerrar el expediente. A su vez, legisladores opositores buscan que Karina Milei brinde explicaciones en el Congreso junto al ministro de Salud, Mario Lugones, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
En paralelo, el Gobierno denunció una operación de inteligencia ilegal por la filtración de nuevos audios y consiguió un fallo judicial para frenar su difusión, lo que fue repudiado por amplios sectores como un intento de “censura previa”.
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