El remolcador de bandera paraguaya TIO JAN colisionó durante la madrugada del 3 de octubre de 2026 contra la estructura de defensa del pilote N° 5 del puente General Manuel Belgrano. El choque, que provocó la suelta de varias barcazas que conformaban el convoy, causó daños visibles en el sistema de protección del viaducto interprovincial y encendió alarmas por la seguridad del cruce entre Chaco y Corrientes.
Tras el incidente, referentes de la oposición apuntaron de manera directa contra el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, responsabilizándolo de haber habilitado convoyes de mayor tamaño en la Hidrovía Paraná-Paraguay. Según expresaron los denunciantes, la eliminación de las restricciones normativas dispuesta por el funcionario nacional puso en riesgo directo la infraestructura vial estratégica y la vida de los ciudadanos.
La flexibilización de convoyes bajo la lupa política
La diputada nacional Julia Strada y el economista Hernán Letcher remarcaron que en junio el ministro Sturzenegger justificó la eliminación de las exigencias de dimensiones para los convoyes argumentando que la normativa previa respondía a «un negocito». Sin embargo, apenas tres meses después de esa decisión administrativa, una formación de barcazas de bandera paraguaya terminó embistiendo la defensa de las pilas del viaducto.
Ante la gravedad del accidente y el riesgo operacional, la Prefectura Naval Argentina debió dar marcha atrás con la desregulación y reestablecer los límites máximos de dimensiones permitidos para la circulación de convoyes en la hidrovía. Desde el arco opositor cuestionaron duramente las consecuencias del proceso desregulador, exigiendo respuestas oficiales sobre los costos de los daños y los peligros generados.
"Hay un negocito" dijo Sturzenegger en junio y eliminó las dimensiones exigidas para los convoy de barcazas que bajan desde Paraguay por el río Paraná. Tres meses después: un convoy de barcazas paraguayas se lleva puesto parte del puente General Belgrano a la altura de Corrientes. ¿Quién va a pagar los daños? La desregulación de Sturzenegger pone en riesgo la vida de los argentinos y te carga el costo a vos. PD: hoy, domingo 4 de octubre, la prefectura volvió a restringir las dimensiones máximas permitidas…¿no es que era un “negocito”? Burros, bestias e irresponsables. @fedesturze te menciono a ver si tenés alguna respuesta para dar.
— Julia Strada (@Juli_Strada) October 4, 2026
Daños estructurales y la advertencia de los especialistas
Como consecuencia directa del impacto se produjo la suelta de las barcazas, de las cuales cuatro pudieron ser recuperadas y amarradas, mientras que otras dos quedaron varadas a la altura del kilómetro 1199 del río Paraná. Inspecciones y registros de imágenes en el lugar constataron un desplazamiento de la defensa respecto de su posición original y daños sobre el pilote afectado.
El ingeniero Benicio Szymula, exsecretario de Obras Públicas del Chaco, advirtió que las protecciones actuales fueron construidas hace más de 50 años y resultan obsoletas para absorber golpes de embarcaciones de gran porte. Szymula explicó que una embarcación se desplaza sobre el agua y no frena como un vehículo terrestre, por lo que cualquier fallo técnico, viento o error humano puede causar colisiones severas, recordando además que uno de los pilotes principales del puente ya registraba un desplazamiento previo de unos 2 centímetros.

El proyecto del segundo puente, paralizado en medio del riesgo
La colisión reavivó los reclamos de la región por la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes, una obra indispensable para descomprimir el flujo de más de 20.000 vehículos y camiones diarios que cruzan actualmente por la estructura saturada. Este viaducto resulta una pieza clave para el transporte de cargas en el Corredor Bioceánico que integra al norte argentino con Brasil y Paraguay.
A pesar de que la gestión anterior había dejado listos los pliegos ejecutivos y obtenido un crédito de 700 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el proyecto quedó completamente frenado por la política de «obra pública cero» del Gobierno nacional. La falta de ejecución estatal derivó en la pérdida definitiva del financiamiento internacional, dejando al histórico puente Belgrano expuesto a un sobreuso constante y sin alternativas de alivio vial.
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