“El proyecto de Ley Arancelaria 2026 que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, envió a la Legislatura, propone una amplia actualización y creación de aranceles que afectan de manera directa a las empresas privadas del sector salud en la Ciudad de Buenos Aires”, comienza diciendo un estudio de la consultora EPyCA al que tuvo acceso este medio. La explicación de estos aranceles que aparecen en el presupuesto, entienden, es que el gobierno nacional “dejó de proveer información sobre personas con cobertura privada que utilizan el sistema público, impidiendo que la CABA cobre esos servicios a las empresas correspondientes; así como dejó de brindar ciertos insumos y campañas de prevención”.
Lo cierto es que, en el proyecto de ley, tal como pudo constatar Deuda Prometida, puede leerse lo siguiente: “En relación con el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud propicia incorporar diversos trámites originados en la transferencia de misiones y funciones por parte del Estado Nacional”. Le sigue a esto la descripción por actividad, estudio y las unidades tarifarias que corresponden pagar por esos servicios de salud. Esos trámites originados por “la transferencia de misiones de Estado Nacional”, confirmaron fuentes del Gobierno de la Ciudad a este medio, todavía no ocurrieron, aunque sí figuran en el proyecto de ley.
Aclararon, por su parte, que “no corresponden a nuevos impuestos en la Ciudad de Buenos Aires y menos aún a servicios o prestaciones de salud” y agregaron que “no se proponen nuevos impuestos para servicios ni prestaciones de salud” sino que “se está previendo un posible traspaso de funciones sanitarias jurisdiccionales de la Nación a la Ciudad”. Si esto ocurre, “estos aranceles que cobra la Nación los va a cobrar la Ciudad. Es lo mismo, solo que cambia la jurisdicción que los cobra”, finalizaron.
Más allá de esto, la principal crítica del informe de EPyCA es que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “en lugar de resolver esta falencia mediante acuerdos de gestión o mecanismos de información compartida y/o de buscar otras formas de financiar su mayor gasto público en el sistema de salud”, elige “trasladar los costos al conjunto de las empresas de salud, imponiendo aranceles generalizados y de carácter eminentemente recaudatorio”. Martín Kalos, su director ejecutivo, explicó a Deuda Prometida que, en los fundamentos de la ley, “las competencias no están transferidas, no hay un proyecto de ley enviado a la Legislatura para que se firmen un acuerdo. Entonces que manden esto, por competencias que todavía no se transfirieron, es raro”. Pero, además el proyecto, afirma, no aclara que esos aranceles se cobrarán si –y solo si– se transfieren esas competencias. “La respuesta de varios legisladores fue que no se puede incorporar en la ley algo que no es competencia de la Ciudad todavía”. Con ese criterio, opinó, “ podés mandarme todos los aranceles que quieras de cosas que se van a incorporar como competencia de la Ciudad dentro de veinte años. ¿Por qué lo vas a hacer ahora, antes de que haya un acto jurídico, una firma de un acuerdo, algo que justifique haber hecho esto? ¿Por qué no mandan estos aranceles cuando manden también el proyecto ley para traspasar las competencias?”. Por lo pronto, agregó, “lo que dice el proyecto de ley es que quieren cobrar esos aranceles, que los van a cobrar. Después, todo lo demás es explicación que viene por fuera del proyecto de ley”.
Por ahora –y según lo que consta en el proyecto de ley y no en las explicaciones del caso–, el informe señala que el impacto de la aplicación de estos aranceles será desigual. “Las farmacias, droguerías, distribuidoras biomédicas y herboristerías enfrentan incrementos exponenciales en los valores de habilitación, traslado o modificación administrativa —en algunos casos, más de diez veces superiores a los vigentes—, y se crean además nuevos cobros antes inexistentes”. Como ejemplo mencionan la habilitación técnica de una farmacia alopática, que “pasa de 28,99 a 335 Unidades Tarifarias (UT), lo que equivale a más de $250.000, mientras que se establecen por primera vez tarifas para traslados, reformas o reempadronamientos”.
Por otro lado, “se unifican y elevan los aranceles para matriculación y certificación profesional, afectando a médicos, odontólogos, técnicos, auxiliares y agentes de propaganda médica, con subas que en algunos casos triplican o cuadruplican los valores previos”.
La expansión arancelaria, afirman, “se extiende a casi todos los ámbitos del sistema de salud: establecimientos con y sin internación, geriátricos, centros de salud mental, institutos de trasplante y servicios de radiofísica sanitaria”.
A la par, concluyen, “muchas personas dejaron de contar con cobertura privada de salud y pasaron a atenderse en el sistema público”.
El presupuesto 2026 en Salud presenta recortes
De acuerdo con un informe del Observatorio Económico de la Ciudad del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el Ministerio de Salud tendrá un ajuste del 2,7% en su presupuesto en 2026. “Además, existe un recorte acumulado del 10% desde 2023, lo que implica más de $315 mil millones”, explicaron.
Con respecto a los hospitales, desde el Observatorio informaron que el Argerich tendrá una caída del 6,5%, el Durand del 7%, Fernández del 5,2%, Gutiérrez del 6,7%, Elizalde de 7,3% y Sardá del 3,9%. Respecto a los hospitales de Salud Mental, se observan reducciones en Alvear (-8,3%), Borda (-3,5%) y Moyano (-10%). Todos estos porcentajes en términos reales (es decir, tomando en cuenta la inflación).
About Author
Te puede interesar también...
-
Fin de fiesta en Dunder Mifflin: el plan político para enfrentar el fracaso del plan económico
-
Las familias ya deben más de lo que ganan: la deuda supera el 130% del salario
-
El trabajo dejó de ser refugio y 4 de 10 argentinos caen bajo la línea de la pobreza
-
Se hace un plazo fijo cada 9 segundos por Cuenta DNI
-
Aseguran que con Milei hay un 98% de probabilidad de recesión