La designación de Adriana Baravalle al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología volvió a generar cuestionamientos. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue el origen y la validez del doctorado en Inteligencia Artificial que se atribuye a la funcionaria.
La presentación judicial incluye una operación realizada por la legisladora para comprobar las condiciones en las que la American Andragogy University (AAU) ofrecía uno de sus programas doctorales. Según la denuncia, Pagano logró acceder a una propuesta por US$400, pese a que la institución publica un valor de US$7.000 para ese doctorado.
La investigación parlamentaria incluyó capturas de pantalla, conversaciones mantenidas por WhatsApp y comprobantes de la transacción. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el pago fue aprobado el 14 de agosto y posteriormente la diputada recibió material relacionado con el supuesto programa doctoral.
Uno de los puntos que despertó mayores interrogantes fue que, según la denuncia, el proceso no incluyó un examen ni la presentación de documentación que acreditara previamente un título universitario de grado.
La operación que realizó Pagano
Para avanzar con la presentación judicial, Pagano se contactó con la AAU y planteó que necesitaba obtener un doctorado como condición para acceder a un cargo. La institución habría aceptado avanzar con su admisión.
Aunque el sitio de la universidad señala un costo de US$7.000, la legisladora recibió una oferta por US$400 abonados en un único pago. También le habrían ofrecido una supuesta beca que no había solicitado.
La documentación que recibió durante el procedimiento también presentaba, según la denuncia, distintos errores de tipeo. Para Pagano, todos estos elementos resultan relevantes para determinar las condiciones bajo las cuales la institución entrega sus títulos.
La diputada incorporó a la denuncia los registros de la operación y pidió que sean sometidos a peritajes para establecer qué tipo de certificación podía obtenerse mediante ese procedimiento.
Otra truchada más de @JMilei le descubrí cómo su Secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se “recibió” en 8 días hábiles. Acá las pruebas te las muestro👇🏻 ya está en la Justicia. Presidente, el que las hace las paga?.. #truchos #aguanteelCONICET #ladrones pic.twitter.com/7iBjNuZNCO
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 2, 2026
Qué dice la denuncia contra Baravalle
La presentación judicial solicita investigar a Baravalle, a los responsables de la American Andragogy University y a quienes eventualmente pudieran tener responsabilidad en los hechos.
Pagano planteó distintas hipótesis delictivas, entre ellas falsedad ideológica, uso de documento falso y estafa. Sin embargo, se trata de figuras que deberán ser analizadas y eventualmente acreditadas durante la investigación judicial.
La legisladora también solicitó que se incorporen los antecedentes académicos que Baravalle presentó para acceder a su cargo y que se consulte a distintas instituciones educativas y organismos argentinos.
Entre los antecedentes mencionados aparece su formación como magíster en Ciencia de Datos por la Universidad Austral y su condición de doctoranda en Ingeniería y Analista de Sistemas por la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF).
El título de doctora en Inteligencia Artificial
Otro de los elementos señalados en la denuncia aparece en el perfil profesional de Baravalle. En LinkedIn, la funcionaria se presenta como “PhD in Artificial Intelligence”, aunque allí no especifica qué universidad le otorgó ese título.
El dato tomó relevancia debido a que la funcionaria fue presentada públicamente como especialista en Inteligencia Artificial. Tras su designación, Javier Milei compartió una publicación en la que la describió como “eminencia en ciberseguridad y doctora en IA” y la acompañó con la expresión “MAGA!”.
Ahora la investigación deberá establecer si el doctorado atribuido a Baravalle fue efectivamente otorgado por la AAU, bajo qué condiciones se obtuvo y cuál es su reconocimiento académico.
La Justicia también deberá determinar si existe alguna irregularidad en la documentación vinculada con ese título y si corresponde avanzar sobre las hipótesis planteadas por Pagano en su denuncia.
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