El Poder Ejecutivo avanzó con la designación de Andrés Edgardo Vázquez como director ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que absorbió las funciones de la ex AFIP. La decisión se formalizó a través del Decreto 890/2025 y fija el inicio de sus funciones para el 18 de diciembre, luego de la renuncia de Juan Alberto Pazo, quien resolvió dejar el cargo para volver a la actividad privada.
Vázquez es contador y construyó una carrera de más de 35 años dentro del sistema recaudador. Su recorrido se desarrolló principalmente en la Dirección General Impositiva (DGI), donde ocupó áreas sensibles vinculadas a la fiscalización y al análisis de información tributaria. En diciembre de 2024, Javier Milei lo ubicó al frente de la DGI, en medio de una reconfiguración interna que terminó con la salida de Florencia Misrahi de la conducción general del organismo.
Ese ascenso no estuvo exento de controversias. A lo largo de su trayectoria, el funcionario atravesó disputas con superiores, sumarios administrativos y expedientes judiciales, aunque en ninguno de esos procesos quedó apartado de la estructura estatal.
Investigaciones en curso
El nombre de Vázquez aparece en distintas causas judiciales y administrativas vinculadas a presuntas irregularidades patrimoniales. Entre los puntos bajo análisis figuran supuestos hechos de enriquecimiento ilícito, evasión impositiva y lavado de activos, asociados a la tenencia de bienes fuera del país que no habrían sido declarados ante los organismos de control.
Una investigación periodística publicada en diciembre de 2024 detalló la compra de tres inmuebles en Estados Unidos por más de dos millones de dólares, adquiridos mediante sociedades radicadas en el exterior. Según esa información, esas propiedades no figuraban en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
A partir de esos datos, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una actuación preliminar para evaluar la situación patrimonial del funcionario y verificar si incumplió sus deberes como servidor público.
Sociedades offshore y propiedades en Miami
La pesquisa periodística describió una estructura societaria que incluía una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas, controlante de otras dos compañías con sede en Panamá. A través de ese entramado se habrían adquirido condominios en la ciudad de Miami.
Los registros oficiales del condado de Miami-Dade consignan el pago de impuestos inmobiliarios entre 2014 y 2018. De acuerdo con esa documentación, los pagos se realizaron con cheques emitidos a nombre de Vázquez, en años en los que ya ocupaba cargos jerárquicos dentro de la AFIP. Esas operaciones no habrían sido informadas a la Oficina Anticorrupción.
Antecedentes por cuentas bancarias
El funcionario también figuró en una causa iniciada en 2011, cuando fue denunciado por la supuesta existencia de una cuenta en el ING Bank NV de Curazao, que habría manejado junto a su hermana, con un saldo superior a los 440 mil dólares. Según la denuncia, esos fondos se transfirieron luego a una cuenta del BNP Paribas en Luxemburgo sin declaración ante el fisco argentino.
Ese expediente se cerró en 2022, cuando el juez federal Ariel Lijo dictó el sobreseimiento ante la falta de respuesta de las autoridades extranjeras para confirmar la operatoria investigada.
La postura oficial y las tensiones internas
Tras la difusión de la investigación sobre las propiedades en Miami, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni minimizó el impacto del caso y afirmó que se trataba de «un asunto del pasado», al señalar que Vázquez había sido sobreseído.
Sin embargo, su designación generó incomodidad dentro del propio Gobierno. El decreto que lo nombró al frente de la DGI, en 2024, llevó únicamente las firmas de Javier Milei y Patricia Bullrich. No rubricaron ese acto ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni la entonces titular de la AFIP.
En septiembre de este año, la investigación por los inmuebles en Estados Unidos registró un giro. A pedido de la defensa, el juez Daniel Rafecas apartó al fiscal que llevaba adelante la causa. El expediente pasó al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi y quedó bajo la órbita del fiscal Guillermo Marijuán, pese a la oposición de Carlos Rívolo, quien advirtió que la pesquisa se encontraba avanzada y con medidas en marcha.
About Author
Te puede interesar también...
-
Petovello contra las cuerdas: detectaron irregularidades en Capital Humano
-
Mayra Mendoza: «Esto no es modernización, es una estafa a los trabajadores»
-
El PJ repudió el ataque a un gremio y lo asocia con persecuciones políticas
-
Alerta en Casa Rosada: Rosatti advirtió que la reforma laboral puede quedar trabada en la Justicia
-
Tierras en liquidación: Milei vacía la ley que protege la soberanía