El régimen de Inocencia Fiscal, parte del nuevo esquema tributario impulsado por el Gobierno de Javier Milei, suma cada vez más adhesiones dentro del propio universo libertario. Ministros, funcionarios en funciones, exintegrantes del Ejecutivo y asesores cercanos solicitaron incorporarse a un sistema que habilita a tributar únicamente sobre ingresos declarados, sin necesidad de justificar la evolución del patrimonio.
La herramienta se encuadra en la ley 27.799 y dentro del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. Su lógica implica que el fisco calcule el impuesto únicamente sobre lo facturado, sin analizar el crecimiento de bienes, activos o consumos personales a lo largo del tiempo.
En ese marco, uno de los casos más recientes es el del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa Betina Angeletti. Según registros oficiales, ambos solicitaron adherir al régimen el 9 de junio, en paralelo al proceso de presentación de su declaración jurada.
La situación genera atención política porque Adorni, como funcionario de primera línea, queda alcanzado por un esquema que reduce la exigencia de explicar la evolución de su patrimonio. El pedido se conoce mientras el funcionario prepara su declaración ante el fisco, en un contexto donde se cuestionan gastos personales y movimientos de bienes que ahora deberán encuadrarse dentro del sistema simplificado.
Otro de los nombres centrales es el del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Su adhesión figura también en registros del organismo recaudador con fecha del 7 de mayo. Se trata de uno de los arquitectos del programa de reformas económicas del Gobierno y una de las figuras más influyentes del gabinete. Su incorporación al régimen lo coloca dentro del mismo esquema que limita los controles sobre la variación patrimonial.
A ellos se suma José Luis Espert, ex diputado nacional y uno de los impulsores originales de la ley cuando ocupaba una banca en el Congreso. Su pedido de adhesión se registró el 9 de junio. Espert había defendido públicamente la iniciativa como una forma de “formalizar ahorros” sin persecución fiscal, aunque ahora su propio ingreso al sistema reabre el debate sobre el alcance real del mecanismo que promovió.
También aparece el caso de Santiago Oría, documentalista y productor audiovisual vinculado a la comunicación oficial del Gobierno. Su rol dentro de la estructura libertaria lo ubica como uno de los encargados de piezas audiovisuales de la Casa Rosada. Según la información disponible, también solicitó adherir al régimen simplificado.
En la lista se suman además exfuncionarios del propio Gobierno. Entre ellos, el ex jefe de Gabinete Guillermo Francos, quien dejó su cargo en octubre de 2025 y posteriormente inició el trámite para ingresar al sistema. Su caso refuerza la tendencia de adhesiones incluso una vez finalizada la función pública.
En todos los casos, el efecto del régimen es similar: quienes ingresan pasan a tributar exclusivamente sobre ingresos declarados y quedan bajo un esquema en el que el fisco no analiza la evolución del patrimonio en períodos anteriores ni la consistencia entre bienes y consumos.
El presidente Javier Milei defendió el espíritu de la norma al plantearla como una reparación histórica frente al sistema impositivo anterior. En ese sentido, afirmó:
“Quiero celebrar la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar. Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”.
Y agregó sobre el funcionamiento del sistema: “Se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.
Con este escenario, la expansión de adhesiones dentro del oficialismo abre un nuevo frente de discusión sobre el alcance del control fiscal sobre funcionarios y exfuncionarios, y sobre los límites entre simplificación tributaria y supervisión patrimonial.
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